La reforma en telecomunicaciones debe beneficiar a los ciudadanos

La reforma en telecomunicaciones debe beneficiar a los ciudadanos

La reforma en materia de telecomunicaciones debe partir de la base de que sean los mexicanos los beneficiarios de estas modificaciones, advirtió la Senadora Alejandra Barrales, al presentar una iniciativa en la que propone establecer como derechos constitucionales el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como hacer extensivo el derecho de la expresión.

“Cualquier reforma que se pretenda al sector de las telecomunicaciones debe partir de la garantía de acceso a estas herramientas, del deber del Estado de promover el uso y aprovechamiento de estas tecnologías y del derecho de la población a contar con información veraz y oportuna, así como de la posibilidad de transmitir cualquier información sin ninguna restricción más allá de las que actualmente prevé la propia Constitución”.

La Presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, propuso ante el pleno del recinto legislativo las reformas a los artículos 4 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Expuso la inclusión de dos derechos, en primer lugar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que debe garantizar el Estado, y el segundo, como una extensión al derecho de libertad de expresión a través de las nuevas tecnologías.

El objetivo esencial de la democracia, precisó, consiste en la igualdad de derechos, por ello el acceso a las TICs no debe ser un asunto que dependa exclusivamente de factores económicos, ya que eso aumenta la desigualdad de conocimiento, por lo que el Estado debe garantizar el derecho a la información y promover los mecanismos para acceder a ella de una forma universal.

Expuso que las generaciones presentes no podrían entender el mundo actual sin la tecnología. A partir de la última década del siglo pasado, las computadoras, los teléfonos celulares, la televisión satelital y por cable, empezaron a cambiar la forma de comunicarnos y de mantenernos informados.

Citó que algunos países han sabido aprovechar estos avances para su desarrollo social, económico y cultural, mientras que en otros, como el nuestro, no se ha utilizado a este sector como un detonante del cambio lo que ha representado un retraso para los mexicanos.

Por ello las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) constituyen un mecanismo para desarrollar el potencial de una sociedad, de un gobierno, de un país.

La legisladora hizo hincapié en que el acceso universal a las TICs ofrece oportunidades infinitas para mejorar los servicios públicos relativos a la seguridad, a la salud, la educación e incluso el medio ambiente. Una herramienta de comunicación es fundamental para la población tanto para allegarse de información como para manifestar libremente sus ideas.

El acceso a internet ha cobrado tal relevancia en los últimos años que en 2011, el informe del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión ha sido declarado como un derecho humano, por lo que la restricción a esta herramienta o el control sobre su contenido pueden implicar actos de censura y represión, advirtió la integrante del Consejo Rector del Pacto por México.

En 2011 la ONU reportó que 2 de cada 3 personas no utilizaban internet en el mundo, situación muy semejante a lo que hoy en día sucede en nuestro país, en donde cerca del 30% de la población tienen acceso a esta poderosa herramienta.

Con estas garantías además de reconocer una nueva realidad, también deberá incentivar que los servicios por los que el ciudadano pague sean de menor precio y mayor calidad. De acuerdo con la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), el costo para la economía mexicana por exceso en los servicios de telefonía e internet es alrededor de $25 mil millones de dólares cada año, lo que equivale al 2% del PIB.

Alejandra Barrales hizo un llamado a los legisladores para que en la reforma en telecomunicaciones prevalezca el beneficio de los mexicanos, más allá de los intereses privados, el interés general debe prevalecer siempre por encima de ellos, puntualizó.

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