Reservas del PRD a Reforma Laboral

Reservas del PRD a Reforma Laboral

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social
y Estudios Legislativos Primera
Senado de la República

P r e s e n t e

Los suscritos Senadores Alejandra Barrales Magdaleno y Zoé Alejandro Robledo Aburto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1 y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al Dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, someto a la consideración diversas reservas con el objeto de modificar los artículos los artículos 371 fracciones IX y XIII; 373, 390, así como para efectos de adiciones al texto normativo los artículos 364 bis, 365 bis, 388 bis, 391 bis y 424 bis, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

El sexenio que esta por terminar deja un saldo terriblemente negativo en materia de empleo. Durante este Gobierno se crearon en promedio 400 mil empleos formales al año, cifra que tan sólo representa la mitad de la requerida para cubrir la demanda forma de empleos, lo que implica que hoy tengamos cerca de 2.5 millones de personas desempleadas y un incremento alarmante en el empleo informal.

Pero eso no es todo, la situación económica de las familias se ha deteriorado fuertemente, tan sólo en estos seis años el salario mínimo cayó 43.1%. En seis años, el salario mínimo ha crecido en alrededor de 13 pesos, mientras que la canasta básica de alimentos se ha incrementado en más de 100 pesos.

Para los 48 millones de mexicanas y mexicanos que según el INEGI sí cuenta con algún empleo, cerca de 20 millones lo realizan en condiciones sumamente desfavorables, 13 millones en el sector informal y 2 millones en el comercio informal. ¿Cómo no resultaría más atractivo un empleo informal si hoy en día gana más un trabajador ambulante que un trabajador formal.

Ante estas condiciones, es evidente que es necesaria una reforma laboral, pero no sólo para elevar la productividad y competitividad del país, sino para mejorar la calidad de los empleos y las condiciones de vida de los trabajadores.

Sin embargo, los esquemas que se proponen en el dictamen en comento, no sólo no resolverán los problemas en materia laboral que enfrentamos, sino puede agravarlos al generar un esquema de mercado sumamente flexible que acabe con la estabilidad y seguridad jurídica de las relaciones laborales.

Mucho se ha comentado sobre la necesidad de flexibilizar el mercado laboral para hacer más dinámica la economía y elevar la competitividad y productividad de nuestro país para de esta forma atraer mayor inversión y como consecuencia generar nuevas fuentes de empleo.

Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, nuestro país se encuentra en el lugar 113 de 140 en el rubro de “Prácticas de Contratación y Despido”, sin embargo, este lugar no sólo se debe a una regulación rígida en materia de despido, sino que obedece a dos factores fundamentales:

En primer lugar, la movilidad por parte de los trabajadores es nula por las pocas expectativas que tienen de encontrar ya no digamos un empleo mejor, sino tan sólo un empleo aunque sea con las mismas condiciones.

En segundo lugar, la escasa creación de nuevos empleos, ya que como lo hemos mencionado, en estos seis años, tan sólo se han generado el 50% de los empleos necesarios para cubrir la demanda.

Por ello el dinamismo en las relaciones de trabajo no se genera tan sólo flexibilizando los esquemas de contratación, como se pretende hacer con los contratos a prueba y de capacitación, los cuales generarán una cierta movilidad del mercado laboral pero no a través de nuevas fuentes de empleo, sino de despidos y contrataciones del mismo número de plazas.

De igual forma, este tipo de contratos traen consigo la disminución de los derechos inherentes al empleo: vivienda, salud, vacaciones y retiro entre otros.

• TRANSPARENCIA

En un verdadero estado democrático, la transparencia es una herramienta fundamental de los ciudadanos para establecer un control sobre el ejercicio del gasto y actuación de las instituciones que utilizan recursos públicos.

En materia sindical el principio debe ser igualmente aplicable para con los agremiados. Si bien no estamos bajo una figura de derecho público, los trabajadores adquieren derechos y obligaciones al integrarse a esta asociación, dentro de las cuales se encuentra el pago de cuotas para el mantenimiento de la propia organización.

Además de lo anterior, la regulación sindical establecida en la legislación, tiene un doble aspecto: la parte de la autonomía sindical consagrada en la Constitución y la obligación de la autoridad de darle certeza a la constitución de los sindicatos y verificar que cumplen con las obligaciones que establece la ley.

Por lo que respecta a la actuación de la autoridad, se propone que tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las Juntas Federales y Locales tengan la obligación de hacer pública la información que detenten relativa a los sindicatos, es decir, los registros de asociaciones, la toma de nota, estatutos y reglamentos internos, así como los contratos colectivos que sean registrados ante ellos.

Esta información ya ha sido catalogada como de carácter público en diversas resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información tanto para la Secretaria del Trabajo como para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Los criterios que se han vertido son los siguientes:

• La obligación de transparencia es parte del ejercicio del derecho a la información.

• El derecho de información es en beneficio de los ciudadanos.

• Con la transparencia y la información se fortalecen otros derechos como la libertad, la expresión, el voto informado, etc.

• El derecho a la información se debe ejercer por cualquier persona, sin discriminación. (acceso universal).

• Este principio se puede aplicar a otros ámbitos de la vida social siempre que beneficie y fortalezca derechos, (como los derechos de los trabajadores en los sindicatos).

• Al ser la transparencia un elemento del derecho a la información, se vincula directamente con la democracia.

• Este derecho deberá ser garantizado por el Estado.

No debemos perder de vista, que el artículo 6º constitucional establece el derecho a la información como un derecho fundamental.

Además, derivado de la reforma a nuestra Constitución (junio de 2010) por ser un Derecho Humano, se debe garantizar por el Estado.

Tal consideración encuentra sustento en diversos instrumentos internacionales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 19), Convención Interamericana de Derechos Humanos (art. 13), así como en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como refuerzo de lo anterior, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 6º dispone que los tratados internacionales suscritos por México, serán aplicables en todo lo que beneficie al trabajador.

La propuesta que hoy sometemos no trastoca los derechos de los sindicatos, ni su autonomía, sino al contrario se fortalecen. Bajo este entendido la OIT ha dicho que “el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen libertades civiles”.

En esencia este organismo internacional considera que el acceso a la información en un sindicato forma parte de los derechos fundamentales, por lo que contar con un mecanismo como la transparencia resultará complementaria para el cumplimiento efectivo de esas libertades.

Es por ello, que se estima necesario ajustar el marco normativo laboral a efecto de integrar esta cualidad en la información, y al tener acceso a la totalidad de documentos que se generen en la relación sindicato-patrón.

• RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas es una figura que actualmente tiene una regulación deficiente en la Ley Federal del Trabajo.

Si bien es cierto que existe la obligación de presentar cada seis meses la información sobre la administración del patrimonio sindical, también es que son pocos los sindicatos que verdaderamente cumplen esta disposición.

La ley actualmente contempla algunos procedimiento para poder demandar al sindicato a que rinda esta información, sin embargo dicho camino resulta casi siempre contraproducente al solicitante, pues enfrenta directamente al trabajador con su sindicato, poniéndolo bajo una posición vulnerable.

Ante ese escenario, se propone que la rendición de cuentas esté fincada bajo un principio de obligatoriedad y sanciones desde sus estatutos. Además se prevé que existan necesariamente mecanismos al interior del sindicato que faciliten la petición, y en su caso, la posibilidad de recurrir ante la autoridad laboral sin que ello implique un motivo para que el trabajador sea expulsado o limitado en cuanto a sus derechos dentro del sindicato, o frente al trabajo.

No pasa inadvertido el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual definió que los recursos de los sindicatos producto de las cuotas de los trabajadores no son objeto de información pública. Sin embargo lo que se busca no es publicar dichas aportaciones de forma indiscriminada, sino establecer un mecanismo que comprometa efectivamente a la rendición de cuentas en favor de la totalidad de los trabajadores. Situación que queda incompleta en la minuta.

Es por ello que buscamos que se de a conocer el uso y destino de estos recursos, en total correspondencia con el derecho de información de los trabajadores, fundamento esencial de la democracia sindical.

• CONTRATO COLECTIVO

Uno de los pilares del sindicalismo en México lo constituye el contrato colectivo. A través de esta figura se busca generar mejores condiciones para los trabajadores.

En la doctrina, al contrato colectivo se le considera el resultado de la lucha de clases, que en un momento dado negocian, trabajadores y patrones, y se concilian en ese instrumento jurídico.

Sin embargo, en la práctica se ha pervertido como un instrumento de control que utiliza el patrón para con sus trabajadores; y que algunos falsos sindicatos utilizan para intereses ajenos a los laborales.

Incluso en el informe 359 de la OIT (2011) se ha descrito esta “practica” como parte de una “democracia ficticia”, lo a su vez ha sido determinado por este organismo internacional como un problema de violación a la democracia sindical.

Cabe decir que la Conferencia Internacional del Trabajo de 1998, estableció que la libertad de asociación, así como el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, forman parte de los derechos fundamentales en el trabajo.

Por lo que debemos entender que sin un verdadero derecho a la negociación colectiva democrática no se puede hablar de libertad de asociación.

Lo anterior se ha reforzado, con lo referido en el Convenio 87 de la OIT, del cual se desprende la necesidad de legislar a fin de respetar el principio de protección a los derechos humanos laborales.

• DEMOCRACIA SINDICAL. ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

La democracia dentro de un sindicato no puede ser vista sino como un eje que conduce a la toma de decisiones de forma plural y consensada, que beneficia por esa cualidad incluyente a esa colectividad.

Bajo esta idea, se debe considerar que el derecho al voto libre, directo y secreto, lejos de representar una limitación a la libertad y a la autonomía sindical, resulta un carácter complementario de la democracia sindical.

Tal afirmación ha sido sustentada por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, enunciando que:

“La imposición por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de libertad sindical” (recopilación de 1996, párrafo 360)

Además, como ya hemos mencionado, la OIT considera necesario el respeto de los derechos humanos laborales sustentados en el reconocimiento de los valores humanos fundamentales como la democracia y el derecho al voto.

Este organismo internacional ha expresado que “la libertad sindical implica el derecho de los trabajadores y de los empleadores a elegir libremente a sus representantes”.

Además que “el derecho de elegir libremente a sus dirigentes constituye una condición indispensable para que puedan actuar efectivamente con toda independencia y promover con eficacia los intereses de sus afiliados”.

Bajo esta tesitura, en el orbe internacional el derecho al voto constituye un derecho humano. Tal asignación encuentra contenido en instrumentos como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Carta Democrática Interamericana de la OEA y en la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”.

Conforme lo anterior y en virtud de lo dispuesto por nuestra Constitución, es una obligación promover y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos en el país. Además, como hemos mencionado, los tratados internacionales suscritos por México son aplicables en todo lo que beneficie al trabajador.

Cabe resaltar que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 establece el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin más limitaciones que las establecidas en la ley necesarias para una sociedad democracita.

En nuestro régimen interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en una jurisprudencia de 2008 que:

• Es en el marco de un sistema democrático de libertad sindical, el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores.

• Es bajo estas condiciones donde puede comprobarse la voluntad e irrestricta de cada uno de ellos.
• Para ello, se deben proteger la confidencialidad, autenticidad y libertad de su voluntad.

• Ejercer su voto dentro de un sistema de vida democrático y de libertad sindical, es una garantía social íntimamente ligada a las libertades de expresión y asociación.

Así, la democracia es un elemento de constante dinamismo que forma parte de nuestra sociedad, incluso el artículo 3º Constitucional la define no solo como un régimen político, sino como “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.”

Es así que se propone confirmar un compromiso social con los trabajadores, que encuentra sustento en el universo del derecho internacional y en nuestro propio régimen constitucional.

Ante esto consideramos necesario incluir en la reforma laboral, de manera expresa, el derecho de los sindicalizados a ejercer el voto bajo premisas de libertad, ajenas e influencias externas, de forma directa y personal, que den como resultado el ejercicio soberano del trabajador a manifestar su preferencia en la representación de sus intereses.

Por lo anterior, se ponen a consideración de estas Comisiones, las siguientes:

RESERVAS

ÚNICO. Se propone modificar los artículos los artículos 371 fracciones IX y XIII; 373, 390, así como para efectos de adiciones al texto normativo los artículos 364 bis, 365 bis, 388 bis, 391 bis y 424 bis, para quedar como sigue:

DICE DEBE DECIR
Artículo 364 Bis. En el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical.
Artículo 365 Bis. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior harán pública, para consulta de cualquier persona, debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro que se les soliciten, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas, según corresponda.

El texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos en los sindicatos deberá estar disponible en los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, según corresponda.

Los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos:

I. Domicilio;
II. Número de registro;
III. Nombre del sindicato;
IV. Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo;
V. Fecha de vigencia del Comité Ejecutivo;
VI. Número de socios, y
VII. Central obrera a la que pertenecen, en su caso.

La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses.
Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:

I. a VIII. …

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la Asamblea General; votación económica directa; votación indirecta o votación directa y secreta.

X. a XII. …

XIII. …
a) …
b) El derecho de las minorías a recibir información del manejo de los recursos;

c) y d) …

e) Las consecuencias aplicables a los integrantes de la directiva por no rendir los informes correspondientes o por incurrir en malos manejos del patrimonio sindical. Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:

I. a VIII. …

IX. Número de miembros de la directiva y procedimiento para su elección, que deberá ser mediante voto libre, directo y secreto.

X. a XII. …

XIII. …
a) …
b) El derecho de todos los agremiados a recibir información del manejo de los recursos;

c) y d) …

e) Las sanciones aplicables a los integrantes de la directiva por no rendir los informes correspondientes o por incurrir en malos manejos del patrimonio sindical.
Artículo 373. La directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Esta obligación no es dispensable. Artículo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. Para tales efectos, se deberá entregar un resumen de esta información, a cada uno de los trabajadores sindicalizados, dentro de los diez días siguientes de cada periodo.

La obligación a que se refiere el párrafo anterior no es dispensable.

En todo momento cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva, sobre la administración del patrimonio del sindicato.

En caso de que los trabajadores no hubieren recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical, o estimen la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales, podrán acudir a las instancias y procedimientos internos previstos en los respectivos estatutos, en términos del artículo 371, fracción XIII inciso c) de esta Ley. De no existir dichos procedimientos o si agotados éstos, no se proporciona la información o las aclaraciones correspondientes, podrán tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, el cumplimiento de dichas obligaciones.

El ejercicio de las acciones a que se refiere el párrafo anterior, por ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales, ni será causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme.
Artículo 388 Bis. Cuando un sindicato pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje competente, la solicitud correspondiente, que deberá reunir los requisitos siguientes:

I. La solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo se presentará por escrito en duplicado, por el sindicato que represente trabajadores al servicio del patrón. El escrito se dirigirá al patrón y en él se formularán las peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo de trabajo y la determinación de los salarios. El sindicato solicitante, deberá acompañar copia certificada del registro de la directiva sindical y de sus estatutos.

II. La Junta de Conciliación y Arbitraje, actuando bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 48 horas siguientes, hará llegar al patrón la copia de la solicitud y le requerirá, con apercibimiento de las sanciones a que se establecen en esta Ley, para que dentro del término de 72 horas contadas a partir de la notificación le exhiba por duplicado y bajo protesta de decir verdad, un listado de los trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos, nombre completo ordenado alfabéticamente por el primer apellido, fecha de ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo, y domicilio del centro de trabajo en que se presta el servicio. La notificación y sus anexos deberá ser hecha del conocimiento por el patrón a los trabajadores a su servicio a más tardar el día siguiente al en que la hubiere recibido.

III. Una vez recibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje el listado a que se refiere la fracción II de este artículo, mandará notificar el listado a los trabajadores al servicio del patrón, mediante la publicación en los centros de trabajo en que se presten los servicios, así como en el boletín oficial de la Junta.

Dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de la última de las notificaciones a que se refiere esta fracción, los demás sindicatos que representen trabajadores al servicio del patrón, podrán adherirse a la solicitud de celebración del contrato colectivo de trabajo y al efecto, exhibirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje, los documentos a que se refiere la fracción I del presente artículo y, en su caso, podrán hacer manifestaciones sobre el listado exhibido por el patrón. De estas adhesiones se notificará al patrón dentro de las 48 horas siguientes a su promoción para los efectos de la fracción II y primer párrafo de la fracción III de este artículo.

IV. Transcurridos los cinco días de la última notificación que se hiciere en términos de la fracción anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dará vista a las partes con los listados y sindicatos que en su caso se hayan adherido, para que dentro del término de 72 horas manifiesten lo que a su derecho corresponda. En caso de existir objeciones, la Junta citará a las partes para una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas en la que resolverá de plano.

V. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, o desahogada la audiencia a que alude, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, dictará acuerdo en el que señalará fecha y hora para la realización del recuento a que se refiere el artículo 931 de esta Ley, que deberá efectuarse dentro del término de las 48 horas siguientes, bajo las siguientes modalidades:

a) Mediante el voto libre, directo y secreto. Los trabajadores expresarán su voluntad de preferencia respecto de alguno de los sindicatos solicitantes o de oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo.
b) Las cédulas de votación deberán emitirse en un número igual al de las personas documentadas en el padrón y estar debidamente selladas y autorizadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debiendo aparecer en ellas los nombres de los sindicatos que sean parte en el procedimiento relativo, un círculo a la altura de cada uno de dichos nombres, así como la leyenda “no acepto el contrato colectivo de trabajo” y un círculo a la altura de tal leyenda, a efecto de que pueda ser emitido el voto marcando una cruz en el círculo correspondiente al sindicato de la preferencia del emisor del voto o en contra de la celebración del contrato colectivo de trabajo.
c) La decisión de los trabajadores a favor de alguno de los sindicatos solicitantes, deberá adoptarse por el voto de la mayoría relativa de participantes con derecho a voto, siempre que la suma de votos a favor del o los sindicatos solicitantes, representen la tercera parte o más del total de los trabajadores al servicio del patrón.
d) La decisión de los trabajadores en contra de la celebración del contrato colectivo deberá adoptarse por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los trabajadores con derecho a voto.

VI. Si el recuento favorece a alguno de los sindicatos solicitantes, la Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas hará la declaratoria y dentro de las siguientes 24 horas notificará personalmente al patrón y al o los sindicatos, dando un plazo de diez días hábiles para concluir pláticas sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo con el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores, quien será el único legitimado para celebrar el contrato colectivo de trabajo. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo, el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores podrá emplazar a huelga exigiendo la celebración y firma de dicho contrato colectivo.

VII. Si el resultado del recuento es en contra de la celebración del contrato colectivo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, hará la declaratoria y dispondrá el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, ordenando notificar personalmente a las partes.

VIII. El procedimiento a que se refiere este artículo será obligatorio para la celebración y depósito de un contrato colectivo de trabajo, en consecuencia no se dará trámite al depósito de un contrato colectivo de trabajo ni al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo cuando no se haya desahogado el procedimiento a que se refiere el presente artículo.

Artículo 390.

No se podrá depositar el contrato colectivo cuando no se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 388 bis.

Artículo 391 Bis. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona, la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas, según corresponda.

De preferencia el texto íntegro de las versiones públicas de los contratos colectivos de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 424 Bis. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje harán pública, para consulta de cualquier persona, la información de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas, según corresponda.

De preferencia el texto íntegro de las versiones públicas de los reglamentos interiores de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

SUSCRIBEN

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno
Sen. Zoé Alejandro Robledo Aburto

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