El respeto a la diversidad sexual e identidad de género

El respeto a la diversidad sexual e identidad de género

La emisión de leyes con un enfoque incluyente y de respeto a las libertades sexuales tiene que asumirse como un deber del Estado, dado que implica proteger, promover y potenciar los derechos fundamentales de las personas, como lo ordena la constitución federal.

Pese a ello, por paradigmas sociales o principios partidistas, el respeto a la diversidad sexual e identidad de género en sentido amplio sigue siendo tema de escueta regulación en nuestro país. Muchos Estados no solo han omitido incluir en su sistema legal normas protectoras de este tipo de derechos, sino que incluso las han rechazado.

La entidad con mayor avance en este sentido es el Distrito Federal. Aquí se han emitido leyes e instrumentado políticas públicas que pretenden asegurar de manera integral la diversidad sexual. No solamente conforme a una concepción binaria de heterosexuales y homosexuales, sino atendiendo a todas las expresiones que integran a la población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI).

De igual manera, se conciben todas las prerrogativas a favor de ésta, desde los derechos educativos, laborales y relacionados con la salud, hasta los sexuales y reproductivos, así como la igualdad, no discriminación, la integridad y seguridad personal, entre otros. Desde 2009, el Distrito Federal cuenta con un Programa de Derechos Humanos, único en su tipo en el país, que incluye el diseño, programación y presupuestación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, a través de medidas transversales para todos los órganos del Gobierno de la Ciudad.

El programa se estructura a partir de tres apartados principales. En lo referente al régimen de derechos humanos, el programa tiene entre otras líneas estratégicas el derecho a la igualdad y la no discriminación; en cuanto al sistema de justicia se encuentra el derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales; y respecto a la seguridad humana se establecen los derechos sexuales y reproductivos.

Por lo que hace a los destinatarios, este instrumento expresamente considera a la población LGBTTTI y en el capítulo 25 se plantea como objetivo respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de esta población que habita y transita en el Distrito Federal.

En la última década la Ciudad de México también experimentó cambios legales que antes simple y sencillamente eran impensables, pues iban contra paradigmas sociales con una alta carga moral y machista. Se creó un marco legal integral que proscribe y sanciona las conductas que atenten contra la libertad sexual.

La izquierda ha sido el principal promotor y mayor respaldo de estos cambios normativos, bajo las premisas del libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la vida privada, la no discriminación, la autodeterminación, así como la igualdad y la inclusión; todo ello a fin de lograr una sociedad más justa.

Contra todos los pronósticos y superando embates de grupos conservadores, en 2009 se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, como parte del respeto a sus relaciones afectivas y sexuales. Fue la primera entidad de la República en adoptar una regulación de esa naturaleza y disponer la adopción homoparental.

No se trató de una medida populista como llegó a insinuarse por quienes se oponían a ese cambio, sino de una decisión de orden constitucional como lo confirma la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratificó la licitud de este tipo de uniones, las cuales, incluso, deben ser reconocidas en el resto de las entidades de la República.

De igual manera, el máximo tribunal del país resolvió que la adopción monoparental era constitucional y que negar el derecho a la formación de una familia por esta vía sería un acto contrario a los derechos humanos.

Pese a estos avances legislativos y gubernamentales, así como la importancia de las decisiones jurisdiccionales enunciadas, se deben redoblar esfuerzos en un aspecto que consideramos de suma importancia, consistente en la difusión de las normas y la socialización de su contenido, a fin de que las mismas sean eficaces en su aplicación y en el cumplimiento de su objeto y fines.

La realidad muestra que si bien es cierto la igualdad ha ganado terreno en la Ciudad de México y que muchas personas se han acogido a esta normatividad, también lo es que persisten prácticas discriminatorias por la única razón de ser gay o lesbiana, o por tener una determinada orientación sexual.

De acuerdo con datos de la “Primera Encuesta sobre Discriminación en el Distrito Federal”, dada a conocer en 2013 por la titular del Consejo para Prevenir la Discriminación en el Distrito Federal COPREDDF, cualquiera de estas condiciones se mantienen entre las primeras causas de discriminación en la entidad.

Esto revela que no ha sido suficiente un marco legal que proteja y tutele el respeto a la diversidad e identidad, sino que es necesario avanzar a un esquema de corresponsabilidad social, en que los propios integrantes de la comunidad sean quienes contribuyan a su debida observancia.

Por lógica, las circunstancias no pueden ser mejores en otras entidades de la República si tenemos en consideración que tan solo Quintana Roo cuenta con un esquema legal similar al del Distrito Federal. En los demás estados, el matrimonio y la adopción por personas del mismo sexo ni siquiera está considerado expresamente.

Ese proceder, incluso, es contrario a una tendencia mundial basada en un mayor reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Hasta agosto de 2013, quince países habían permitido el casamiento de parejas del mismo sexo y la tendencia para este año es que la cifra se incremente.

Creemos que el país debe avanzar en la homogeneización del marco normativo protector de la diversidad sexual. Hacer un esfuerzo por establecer, al menos, principios básicos que sean observados en la legislación estatal. Un buen inicio sería considerar las consecuencias que derivan de la convivencia entre parejas del mismo sexo, para que no queden sujetas a la discrecionalidad.

El hecho de que una colectividad decida su sexualidad idéntico afectiva, y que no sea aceptado por un segmento de la sociedad o no se prevea en una ley, no implica que no tenga consecuencias que trasciendan al ámbito legal, los cuales requieren atención.

Hoy en día la incursión de la mujer en la política y la visión de la mujer de izquierda en la política hace posible la discusión de estos temas. A las y los que nos dedicamos a la política nos corresponde estar del lado de la ciudadanía, no de nuestras creencias culturales e ideológicas.

Avancemos ya en estas necesidades de nuestra sociedad.

Acerca de 

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializada en Maestría en Medios, Comunicación y Cultura.

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