A México le urge una verdadera visión de Estado, asegura Barrales

A México le urge una verdadera visión de Estado, asegura Barrales

Durante la campaña presidencial de 2012 el PRI incluyó en su oferta política la capacidad y experiencia para gobernar. Para desgracia de las mexicanas y los mexicanos, en poco más de un año de gestión ha quedado claro que la actual administración federal carece de políticas públicas de prevención social y de una estrategia para contener y contrarrestar el clima de violencia en el país.

Para muestra está la situación que vive Michoacán, que sin duda es resultado de años de descuido, desinterés y una política errónea de combate a la delincuencia organizada. Pese a que el fenómeno delictivo rebasó a las autoridades locales y era sabido que la sociedad se estaba organizando mediante grupos de autodefensa, el gobierno federal tardó en reaccionar.

Pero el crimen organizado no es la única faceta del delito que evidencia fallas en los planes y programas de procuración de justicia de la actual administración. Hay otros rubros tanto o igual de importantes que contribuyen a la percepción de inseguridad, tanto por su incidencia como por su desatención. Uno de ellos es la violencia contra las mujeres.

De 2007 a la fecha hemos emprendido acciones para crear y afianzar un andamiaje legal e institucional dedicado ex profeso a este tema, al grado que hoy día contamos entre otros instrumentos, con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Sin embargo, ese esquema no ha sido del todo eficiente, ya que no se han satisfecho a cabalidad los objetivos y fines previstos en la ley. Las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres son una constante en la dinámica de la vida social, desde la verbal hasta el feminicidio. Incluso, pareciera que va en aumento.

Este panorama poco alentador no tiene ninguna posibilidad de cambiar en el corto o el mediano plazo, ya que al día de hoy ni siquiera se tiene una dimensión real del problema. Los reportes de violencia contra las mujeres siguen alimentando páginas de los diarios, pero no son considerados en su totalidad para integrar las estadísticas oficiales. Precisamente éste es uno de los pendientes que se tiene.

Según los artículos 38 fracción X y 44 fracción III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de Seguridad Pública es la encargada de integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con base en la información general y estadística que semestralmente debe publicarse sobre los casos de violencia contra las mujeres.

Desafortunadamente ese banco de datos no se ha integrado con la periodicidad señalada ni con la formalidad que el caso requiere; por ende no hay correspondencia entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana sobre este fenómeno.

En descargo de la SSP vale decir que diversos factores concluyen a esa omisión. Por decir algo no todos los estados dan un tratamiento uniforme a las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres. Solo 28 estados de la República tienen tipificado expresamente el delito de feminicidio. O sea que al menos cuatro entidades siguen considerando el feminicidio como homicidio común.

Parte del personal de las procuradurías y poderes judiciales de los estados carece de la formación profesional, capacitación o competencias para prevenir, investigar y sancionar de manera eficaz la violencia de género. En algunos casos, ni siquiera se advierte convicción y compromiso respecto
de esta delicada función; por ende, no es raro que clasifiquen en forma inadecuada conductas que notoriamente encuadran en el tipo de feminicidio y se reporten como homicidios comunes.

A mediados de 2013, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, el Vicepresidente de Información Demográfica y Social del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática señaló la necesidad de que cuando el asesinato de una mujer es un feminicidio, las procuradurías locales y poderes judiciales de los estados debían tipificarlo adecuadamente, porque de lo contrario se invisibiliza el fenómeno.

En ese contexto, consideramos que no solo es necesario, sino indispensable replantear y repensar el esquema para atender la violencia contra las mujeres. Por supuesto, no pretendemos que los casos de violencia de género se reduzcan a un número frío plasmado en una estadística, pero creemos que el banco de datos previsto en la ley sería un indicador de la realidad que vivimos, nos permitiría medir de manera precisa el problema para generar un diagnóstico real y proyectar soluciones adecuadas.

Es necesario insistir en dar una adecuada difusión, generar conciencia en la ciudadanía sobre las implicaciones de la violencia de género, pero sobre todo en la formación y capacitación de los funcionarios públicos relacionados con esta temática, para que el desempeño de su función no sea una actividad vana.

Incluso, sería ideal instar a las escuelas de educación superior relacionadas con las ciencias sociales para que revisen sus programas de nivel licenciatura para, de ser posible, incluir al menos como materia optativa los estudios de género. De tal suerte, el contacto con esta temática se daría desde la formación profesional y no solamente cuando se accede a un empleo relacionado con la misma.

Acerca de 

Comentar