Iniciativa de la Senadora Alejandra Barrales sobre transparencia sindical

Iniciativa de la Senadora Alejandra Barrales sobre transparencia sindical

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión.
P r e s e n t e

La suscrita Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del articulo 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1, 2 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN III; ADICIONAN LAS FRACCIONES V Y VI, Y UN PÁRRAFO ÚLTIMO AL ARTÍCULO 77; ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 79; Y MODIFICA EL ARTÍCULO 89, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; ASÍ COMO LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 371, FRACCIÓN IX; 373; SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 388 BIS Y 390, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, con el aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho de sindicación laboral tiene como objetivo fundamental la unificación de intereses para la defensa de los derechos de los trabajadores. Históricamente estas organizaciones gremiales encuentran su concepción jurídica en los movimientos obreros a partir de la revolución industrial, desarrollo que ha ido a la par de las evolución de las relaciones entre los factores de la producción, el cual se ha situado bajo la finalidad de contar con una fuerza unificada para equilibrar la balanza de negociación frente a un poder de hecho en la relación de trabajo, es decir frente al patrón, ya sea un particular, o en el caso de los burócratas frente al Estado.

Tal evolución, y conquista histórica, ha tenido su reconocimiento a nivel internacional, por ejemplo en el artículo 2 del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los trabajadores, como los patrones, tienen derecho a constituir organizaciones para la defensa de sus derechos, sin ninguna distinción particular y sin necesidad de una autorización previa.

La Conferencia Internacional del Trabajo, adoptó en junio de 1998 la Declaración sobre “Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento”, en donde se establece La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo de los derechos de negociación colectiva, como “un instrumento que propicia el acuerdo entre trabajadores y empleadores sobre cuestiones que afectan al mundo del trabajo, está vinculada indisolublemente a la libertad sindical.” Este reconocimiento a su vez, obliga a los Estados Miembrosa “respetar, promover y hacer realidad la libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva…”[1]

Sin embargo, a pesar de este panorama de reconocimiento, este organismo internacional laboral ha reconocido que “Los derechos relativos al ejercicio efectivo de la libertad de asociación siguen siendo uno de los déficit más claros para conseguir cumplir con la agenda de trabajo decente que promueve la OIT.”[2]

En nuestro marco nacional, este derecho deriva de la Constitución, la cual posibilita la creación tanto de sindicatos de trabajadores particulares, como aquellos que están al servicio del Estado.[3] Por su parte, las leyes reglamentarias del apartado A y B del artículo 123 constitucional coinciden en la finalidad de las organización sindicada, es decir en el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores.[4]

Bajo este orden de ideas, debemos reconocer que la relevancia del sindicato en nuestro país ha sido a partir de su aportación en el desarrollo y alcance de los derechos laborales, bajo el principio del trabajo organizado con justicia social, y como ente legitimado para la negociación de las relaciones contractuales generando así una aportación en el desarrollo de la política social nacional.

Sin embargo, también debemos considerar que nuestro sindicalismo ha sido rebasado por las exigencias actuales, tal es el caso por ejemplo de las organizaciones de los trabajadores al servicio del Estado, de ahí que se contemple en esta iniciativa la actualización de la Ley secundaria del apartado B del artículo 123 constitucional a efecto de empatar sus dispositivos legales a las necesidades y dinámicas de la exigencia laboral.

Así se propone complementar aquellos pendientes que quedaron en la pasada modificación a la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos sindicales y que hoy resultan más que atendibles en su reforma.

Las modificaciones a estas dos Leyes son indispensables en un momento coyuntural como el que atravesamos en materia del buen uso del patrimonio de los sindicatos, así como para el fortalecimiento de los principios elementales que deben regir la vida de estas organizaciones en aras de su desarrollo progresivo y en beneficio de la clase trabajadora.

En la pasada discusión de la reforma laboral, se propusieron realizaron modificaciones tanto en la Cámara de origen como en la revisora que limitaron estos derechos, por tanto, se considera pertinente retomar la discusión en esta materias, con las propuestas originales que ya han sido objeto de discusión, pero que en la actualidad y como lo advertimos en su oportunidad, se considera necesario establecer con claridad las obligaciones de las directivas de los sindicatos sobre el manejo de los recursos, las negociaciones de las condiciones laborales y la elección de sus dirigentes.

Democracia sindical

La democracia al interior de un sindicato no puede ser vista sino como un eje que conduce en la toma de decisiones, bajo una idea de pluralidad, inclusión y consenso, beneficiando a todos los integrantes de esa colectividad.

Como se demostró en este Senado en el debate dado por la izquierda en la pasada reforma laboral, el derecho al voto libre, directo y secreto lejos de representar una limitación a la libertad y a la autonomía sindical, resultan afines al fortalecimiento de la misma entidad laboral y benéfico para los trabajadores.

Cabe decir que esta consideración encuentra sustento en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración, bajo el criterio de:

“La imposición por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de libertad sindical”[5]

También dentro de la concepción de los denominados derechos humanos laborales se sustenta bajo el reconocimiento de los valores humanos fundamentales, más aun si consideramos que tanto la democracia como el derecho a ejercer el voto se encuentran asignados en instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José”

De esta forma, la OIT ha confirmado que “la libertad sindical implica el derecho de los trabajadores y de los empleadores a elegir libremente a sus representantes”[6] además de que “el derecho a elegir libremente a sus dirigentes constituye una condición indispensable para que puedan actuar efectivamente con toda independencia y promover con eficacia los intereses de sus afiliados”[7]

Es así que también encontramos la obligación constitucional de promover y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro del país y sus instituciones sociales, tales como los sindicatos; más aún cuando el artículo 6º de la Ley Federal del Trabajo dispone que los tratados internacionales suscritos por México serán aplicables en todo lo que beneficie al trabajador, legislación supletoria por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.

Es de mencionar que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 salvaguarda el derecho de las organizaciones sindicales a funcionar sin obstáculos y sin más limitaciones que las establecidas en la ley necesarias para una sociedad democrática; en ese tenor es oportuno señalar que el establecer modelos democráticos para el ejercicio de la actividad sindical por medio de la legislación no representa violación a su autonomía como organizaciones laborales .

Nuestro máximo tribunal desarrolló en una jurisprudencia de 2008[8] los elementos básicos para el ejercicio de la democracia sindical, mencionando principalmente que:

Es en el marco de un sistema democrático de libertad sindical, el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores.
Es bajo estas condiciones donde puede comprobarse la voluntad e irrestricta de cada uno de ellos, protegiendo la confidencialidad, autenticidad y libertad de su voluntad.
Ejercer su voto dentro de un sistema de vida democrático y de libertad sindical, es una garantía social íntimamente ligada a las libertades de expresión y asociación.
Bajo estas consideraciones la democracia es un elemento indispensable para el desarrollo de una sociedad y de sus instituciones; tal relevancia toma carácter cuando en el artículo 3º constitucional se definió no solo como un régimen político sino como “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

En este sentido, una de las propuestas que sometemos radica en que se incluya en la legislación secundaria el derecho para que en los procedimientos de elección de dirigencia se den a partir de una base fundamental de democracia.

Ahora bien, otro pendiente ha sido el de la democratización de los contratos colectivos o en su caso de las condiciones generales de trabajo. Ante esto debemos atender una situación que en la práctica se ha pervertido completamente, pasando de ser un instrumento de lucha laboral, a uno de beneficio únicamente para la dirigencia sindical o como control en favor del patrón, ya sea particular o del Estado.

Incluso la OIT ha puesto énfasis en la necesidad de atender el problema que se da en relación a la nula o escasa participación que tienen los trabajadores asociados en el sindicato para manifestar su voluntad respecto de la suscripción de un “Pacto Sindical”[9], pues en el informe 359[10] de 2011, está práctica fue descrita como parte de una “democracia ficticia” lo que a su vez ha implicado, en reconocimiento de este órgano internacional, un problema de violación a la democracia sindical.

Proponemos entonces que si en origen un trabajador, cualquiera que sea su régimen, decide asociarse libremente en un sindicato, le sea reconocido un derecho implícito a la negociación colectiva directa, como parte de sus derechos fundamentales en el trabajo, evitando así el sometimiento involuntario a condiciones que incluso le pueden afectar, tal como sucede en los denominados “contratos de protección” o en casos de suscripción de condiciones de trabajo, donde es completamente desconocido por los trabajadores, pues no se les consulta y por ende carecen de información sobre su contenido.

Es decir, si no se verifican las condiciones materiales para que el trabajador pueda acceder individualmente a la negociación colectiva no se puede hablar de una verdadera libertad de asociación, pues se le excluye de una consulta que al final impacta, ya sea creando o modificando condiciones, en la esfera jurídica de su relación laboral.

De esta forma se fundamenta la iniciativa para incorporar este principio en la legislación secundaria del artículo 123 constitucional. Por un lado en la Ley burocrática que hasta el momento es carente de dicha consideración, por el otro fortalecer ese principio en la Ley Federal del Trabajo.
Rendición de cuentas

Dentro de un Estado verdaderamente democrático, la rendición de cuentas es considerada como una característica fundamental para el ejercicio de los derechos inherentes a los ciudadanos, pero también como herramienta en el control sobre el gasto público y en los actos que derivan de la actuación de sus instituciones.

El artículo 6º constitucional reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental en vías de expansión; también a nivel internacional existen diversos instrumentos que enuncian este principio, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos,[11] Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,[12] Convención Interamericana de Derechos Humanos,[13] y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Es así como consideramos que en la organización laboral sea de reconocimiento a este valor jurídico y como consecuencia de su expansión progresiva pueda ser ejercido por todos los agremiados. Máxime cuando los integrantes de dicha colectividad adquieren derechos y obligaciones, tales como el pago de cuotas para la consecución de los objetivos planteados desde esa organización.
De ahí que se plantee su inclusión en la Ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y también para fortalecer las disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en la forma de cumplir con esta disposición en beneficio de los trabajadores, ya que a pesar de que se incluyó esta modalidad en la pasada reforma, está resulta insuficiente ante situaciones evidentes en ciertos sindicatos, como el desvío de recursos, el manejo opaco o el enriquecimiento inexplicable de algunas dirigencias.

Se propone así que se incluya por vez primera esta disposición de rendir cuentas en la legislación de los trabajadores al servicio del estado, bajo mecanismos efectivos que hagan posible el cumplimiento de esa obligación, siempre en beneficio de los agremiados, fortaleciendo el control sobre el origen, uso y destino de los recursos y bienes que integran el patrimonio sindical y evitando como hemos dicho, su uso inadecuado.

De igual manera, se modifica en la Ley Federal del Trabajo para apuntalar la forma en la que se habrá de rendir cuentas a los integrantes de un sindicato, evitando interpretaciones subjetivas o a la discrecionalidad de las dirigencias. Si bien es cierto que se reformó recientemente ese contenido, también es que con esta reforma se pretende fortalecer en aras de evitar desvíos o usos indebidos.

Planteamos la reforma en ambas leyes para que la rendición de las cuentas sobre el manejo de los recursos sindicales esté fincada bajo un principio de obligatoriedad y de mecanismos para hacerlos cumplir, ya sea incluso por vía de solicitud ante la instancia correspondiente.

No pasa desapercibido el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, considerando que los recursos de los sindicatos que son producto de las cuotas de los trabajadores no son objeto de información pública, sin embargo, respetando ese criterio se pretende establecer una vía que obligue por medio de la ley a dar a conocer el estado que guarda el patrimonio a los propios agremiados, como parte del derecho accesorio como es el de información, ambos complementarios con la democracia sindical.

Transparencia

Este principio de máxima publicidad en todos los actos relativos a los sindicatos es un gran pendiente dentro de la legislación burocrática, la cual debe estar en consonancia con las exigencias de la sociedad y de los trabajadores en particular, de poder conocer el desarrollo de las actividades dentro de los sindicatos regulados por el apartado B del artículo 123 constitucional.

Se propone así que se incluya la obligación de la autoridad jurisdiccional en materia del trabajo para hacer pública de cualquier consulta de información tanto de registro de los sindicatos, como de las condiciones generales de trabajo, así se establece expresamente la obligación del Estado a través de sus órganos facultados para garantizar el cumplimiento de este derecho.

Además, con ello se evitará la discrecionalidad en las actuaciones de las dirigencias sindicales, pues estarán en constante escrutinio por medio de su transparencia, además estarán satisfaciendo las condiciones para cumplir con un derecho fundamental como es el de información.

Es importante mencionar que las modificaciones legales a estos dos dispositivos no trastocan los derechos de los sindicatos, ni su autonomía o libertad, sino por el contrario se les fortalece por medio de una participación mucho más activa de todos los agremiados, vinculándose responsablemente con el desarrollo de las actividades cotidianas de su sindicato.

Es así que incluso la OIT ha confirmado que “los derechos conferidos a las organizaciones de trabajadores y de empleadores se basan en el respeto de las libertades civiles enumeradas, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen tales libertades civiles”[14]

Con este fundamento sometemos la inclusión de los principios de democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas en la legislación aplicable a los trabajadores al servicio del Estado; pero también para que estos sean replanteados dentro de la Ley Federal del Trabajo, y con ello atender los pendientes dentro del sindicalismo mexicano, por ello en razón de lo expuesto y fundado presento la siguiente iniciativa que contiene el siguiente proyecto:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 72, fracción III; se adicionan las fracciones V y VI, y un párrafo último al artículo 77; se adiciona la fracción VI del artículo 79; y se modifica el artículo 89, todos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 72.- …
I. … a II. …
III.- El acta de la sesión en que se haya designado la directiva mediante el voto libre, directo o indirecto y secreto, o copia autorizada de aquella, y
IV. …

Artículo 77. …
I. … a IV. …

V.- Rendir cuentas ante la asamblea general sobre el ingreso, ejercicio y destino de las cuotas o aportaciones y los bienes que integren el patrimonio sindical, al menos cada seis meses, entregando una copia de dicho informe a cada uno de los trabajadores pertenecientes al sindicato dentro de los diez días siguientes a cada periodo. En todo momento se respetará el derecho de los trabajadores para solicitar información adicional a la contenida en los informes presentados por la directiva ante la asamblea.
VI.- Someter a la aprobación mediante votación directa, libre y secreta de sus miembros las Condiciones Generales de Trabajo.

Cualquier agremiado podrá demandar el cumplimiento de las fracciones V y VI ante la instancia u órgano interno de resolución de controversias del propio sindicato. Agotado este procedimiento o a falta de este, podrán tramitarlo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para hacer efectivo el cumplimiento de dichas obligaciones.

Artículo 79. …

I. … a V. …

VI.- Limitar el derecho de sus agremiados a solicitar información sobre la administración del patrimonio o aquella otra en relación a los derechos derivados de la vinculación sindical.

Artículo 87.- Las Condiciones Generales de Trabajo se fijarán por el Titular de la Dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a solicitud de éste y conforme la fracción VI del artículo 77 de esta ley; se revisarán cada tres años.

Artículo 90. …

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje hará pública para consulta de cualquier persona, la información de los registros de los sindicatos y las condiciones generales de trabajo que obren en su poder. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes que contengan dicha información, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDA.- Se reforman los artículos 371, fracción IX; 373; se adicionan los artículos 388 bis y 390, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:
I. a VIII. …

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto y su secrecía, ya sea de manera directa o indirecta;

Artículo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, y conforme el inciso b) de la fracción XVI del apartado A del artículo 123 constitucional deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Bajo este principio se entregará un informe individualizado a cada uno de los miembros del sindicato respecto del estado y destino del patrimonio sindical por cuotas, aportaciones o cualquier otro concepto, incluidos los bienes. Esta obligación no es dispensable, debiéndose dar cumplimiento dentro de los primeros 10 días naturales de cada periodo.

Artículo 388 Bis. Conforme los incisos a) y c) de la fracción XVI del artículos 123 constitucional apartado A, todo sindicato que pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje competente, la solicitud correspondiente, que deberá reunir los requisitos siguientes:

I. La solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo se presentará por escrito en duplicado, por el sindicato que represente trabajadores al servicio del patrón. El escrito se dirigirá al patrón y en él se formularán las peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo de trabajo y la determinación de los salarios. El sindicato solicitante, deberá acompañar copia certificada del registro de la directiva sindical y de sus estatutos.

II. La Junta de Conciliación y Arbitraje, actuando bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 48 horas siguientes, hará llegar al patrón la copia de la solicitud y le requerirá, con apercibimiento de las sanciones a que se establecen en esta Ley, para que dentro del término de 72 horas contadas a partir de la notificación le exhiba por duplicado y bajo protesta de decir verdad, un listado de los trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos, nombre completo ordenado alfabéticamente por el primer apellido, fecha de ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo, y domicilio del centro de trabajo en que se presta el servicio. La notificación y sus anexos deberá ser hecha del conocimiento por el patrón a los trabajadores a su servicio a más tardar el día siguiente al en que la hubiere recibido.

III. Una vez recibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje el listado a que se refiere la fracción II de este artículo, mandará notificar el listado a los trabajadores al servicio del patrón, mediante la publicación en los centros de trabajo en que se presten los servicios, así como en el boletín oficial de la Junta.

Dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de la última de las notificaciones a que se refiere esta fracción, los demás sindicatos que representen trabajadores al servicio del patrón, podrán adherirse a la solicitud de celebración del contrato colectivo de trabajo y al efecto, exhibirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje, los documentos a que se refiere la fracción I del presente artículo y, en su caso, podrán hacer manifestaciones sobre el listado exhibido por el patrón. De estas adhesiones se notificará al patrón dentro de las 48 horas siguientes a su promoción para los efectos de la fracción II y primer párrafo de la fracción III de este artículo.

IV. Transcurridos los cinco días de la última notificación que se hiciere en términos de la fracción anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dará vista a las partes con los listados y sindicatos que en su caso se hayan adherido, para que dentro del término de 72 horas manifiesten lo que a su derecho corresponda. En caso de existir objeciones, la Junta citará a las partes para una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas en la que resolverá de plano.

V. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, o desahogada la audiencia a que alude, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, dictará acuerdo en el que señalará fecha y hora para la realización del recuento a que se refiere el artículo 931 de esta Ley, que deberá efectuarse dentro del término de las 48 horas siguientes, bajo las siguientes modalidades:

a) Mediante el principio de democracia sindical y por medio del voto libre, directo y secreto, los trabajadores expresarán su voluntad de preferencia respecto de alguno de los sindicatos solicitantes o de oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo.

b) Las cédulas de votación deberán emitirse en un número igual al de las personas documentadas en el padrón y estar debidamente selladas y autorizadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debiendo aparecer en ellas los nombres de los sindicatos que sean parte en el procedimiento relativo, un círculo a la altura de cada uno de dichos nombres, así como la leyenda “no acepto el contrato colectivo de trabajo” y un círculo a la altura de tal leyenda, a efecto de que pueda ser emitido el voto marcando una cruz en el círculo correspondiente al sindicato de la preferencia del emisor del voto o en contra de la celebración del contrato colectivo de trabajo.

c) La decisión de los trabajadores a favor de alguno de los sindicatos solicitantes, deberá adoptarse por el voto de la mayoría relativa de participantes con derecho a voto, siempre que la suma de votos a favor del o los sindicatos solicitantes, representen la tercera parte o más del total de los trabajadores al servicio del patrón.

d) La decisión de los trabajadores en contra de la celebración del contrato colectivo deberá adoptarse por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los trabajadores con derecho a voto.

VI. Si el recuento favorece a alguno de los sindicatos solicitantes, la Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas hará la declaratoria y dentro de las siguientes 24 horas notificará personalmente al patrón y al o los sindicatos, dando un plazo de diez días hábiles para concluir pláticas sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo con el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores, quien será el único legitimado para celebrar el contrato colectivo de trabajo. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo, el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores podrá emplazar a huelga exigiendo la celebración y firma de dicho contrato colectivo.

VII. Si el resultado del recuento es en contra de la celebración del contrato colectivo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, hará la declaratoria y dispondrá el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, ordenando notificar personalmente a las partes.

VIII. El procedimiento a que se refiere este artículo será obligatorio para la celebración y depósito de un contrato colectivo de trabajo, en consecuencia no se dará trámite al depósito de un contrato colectivo de trabajo ni al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo cuando no se haya desahogado el procedimiento a que se refiere el presente artículo.

Artículo 390.- …

No se podrá depositar el contrato colectivo cuando no se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 388 bis.
TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Sen. Dolores Padierna Luna

Sen. Victor Manuel Camacho Solís

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros

Sen. Angélica De la Peña Gómez

Sen. Mario Delgado Carrillo

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez

Sen. Adán Augusto López Hernández

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza

Sen. Raúl Morón Orozco

Sen. Luz María Beristain Navarrete

Sen. Isidro Pedraza Chávez

Sen. Sofío Ramírez Hernández

Sen. Armando Ríos Piter

Sen. Zoé Robledo Aburto

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya

Sen. Adolfo Romero Lainas

Sen. Rabindranath Salazar Solorio

Sen. Luis Sánchez Jiménez

enador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión.
P r e s e n t e

La suscrita Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del articulo 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1, 2 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XVI APARTADO A, ASÍ COMO LA FRACCIÓN X DEL APARTADO B, AMBOS DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con el aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lucha histórica por la defensa de los derechos laborales no se puede entender sino es a través de la asociación de los trabajadores en los sindicatos o asociaciones gremiales. Estos entes sindicados que inicialmente fueron objeto de prohibición e incluso de persecución y criminalización en leyes penales, hoy encuentran el reconocimiento desde la ley suprema de nuestra nación, la Constitución Política, específicamente en su artículo 123.

Sin embargo, dicho reconocimiento ha quedado incompleto en cuanto a la satisfacción real de los intereses bajo los que se han asociado los trabajadores, pues si bien es cierto ha sido a través de estos como se han conseguidos grandes beneficios en materia laboral, también es criticable cómo en muchos casos las organizaciones sindicales encumbran intereses ajenos a la mayoría de los agremiados, incluso perjudicando la esencia misma de la defensa de los intereses de sus trabajadores.

Con la presente iniciativa se busca complementar y fortalecer los esfuerzos que hicimos desde la izquierda en la pasada reforma laboral, en donde dimos una lucha por reconocer los principios de rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical.

Ante este panorama, proponemos que estos principios sean incorporados en la Carta Magna como presupuestos axiológicos del derecho colectivo del trabajo. Lo anterior vendría a fortalecer la transparencia de las actividades sindicales, así como la toma de decisiones, impulsando la implementación de mecanismos democráticos de participación, así como la rendición de cuentas, generado una asociación entre los intereses que motivan la colectividad trabajadora y la organización en sí misma.

En este caso, debemos considerar que la democracia es un eje que conduce a la toma de decisiones plurales y consensuadas; siendo un principio que enarbola la inclusión de todos y el respeto mutuo de criterios y pensamientos con la intención de lograr acuerdos y avances que beneficien precisamente a esa asociación de intereses.

Bajo esta idea, el desarrollo de las instituciones sindicales como productos sociales no pueden ser entendidos sin su correcta adaptación a las dinámicas de la sociedad misma. Esta adaptación a principios tan elementales como la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas no implican trasgresión o violación a la denominada autonomía sindical, sino por el contrario pretenden cumplir con los fines que persigue la esencia de los derechos de los trabajadores y satisfacer una demanda de evolución en la forma de lucha laboral y su desarrollo progresivo como actor dentro de la sociedad que pretende evolucionar.

Podemos afirmar que no puede hablarse de una verdadera libertad sindical si no se observa el cumplimiento de principios como los que venimos a proponer el día de hoy en esta iniciativa.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la democracia sindical resulta fundamental para el avance de los derechos de los trabajadores, en concreto bajo la libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva.

Dicha consideración internacional se ha planteado en el entendido de que estos conforman un andamiaje de condiciones para la resolución pacifica de los problemas que rodean al mundo laboral. Es decir, no se pueden entender los principios del sindicalismo, y de los derechos laborales, si no es en consonancia con otros principios de trascendencia social como los Derechos Humanos y el desarrollo socioeconómico.

Bajo una idea expansionista de derechos, debemos entender que lejos de limitar se debe propiciar el terreno legal para maximizar el ejercicio de estos derechos colectivos, traduciéndolos en una exigencia de constitucionalización, generando por un lado la tutela de su contenido normativo y por otro su oponibilidad frente a todos, incluida la legislación secundaria.

En consonancia con un ideal neoconstitucionalista la incorporación valorativa de estos elementos de organización sindical al texto supremo implicaría, tal como dice Prieto Sanchís “…más principios que reglas; más ponderación que subsunción; omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos en favor de la opción legislativa o reglamentaria…y por último, coexistencia de una constelación plural de valores…”[1]

De esta manera proponemos que se de el impulso desde la Constitución de aquellos valores que deben prevalecer en el desarrollo del sindicato, dando así las bases para el cumplimiento efectivo de los derechos a favor de los trabajadores, y sin que existan pretextos para su debido cumplimiento y desarrollo bajo consideraciones erróneas como el que se estaría impidiendo el libre desarrollo de las actividades sindicales o la denominada libertad sindical.

Cabe destacar que por lo que respecta a la democracia sindical el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en una decisión de 1996 declaró que el establecimiento de principios legislativos de democracia sindical, como el voto universal, libre, directo y secreto para la elección de dirigentes sindicales no vulnera la libertad sindical.

“La imposición por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de la libertad”. [2]

Democratizar la toma de decisiones implica legitimar los actos de la colectividad, no monopolizar su decisión, significa evitar abusos como los que se dan a través de dirigencias blancas o sindicatos fantasmas.

Ahora bien, en lo que respecta a negociación colectiva por medio de contratos colectivos o condiciones generales de trabajo, la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT de 1998 sobre “Los principios y derechos fundamentales en el trabajo”, acordó que la “Libertad de asociación y la libertad sindical, así como el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva”[3] resulta prioritario dentro de un esquema de desarrollo para el derecho de los trabajadores.

Bajo esta idea, resulta imperativo tener un referente constitucional que fortalezca los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los trabajadores, que finque las bases para la toma de decisiones democráticas en las relaciones colectivas entre estos y los patrones, ya sean particulares o el propio Estado.

Otro elemento critico, ha sido la falta de transparencia y de rendición de cuentas dentro de las actividades sindicales. Esta desafortunada situación ha dado pie a que exista un manejo incierto y discrecional de los recursos y bienes que conforman el patrimonio de la organización sindical dando incluso origen a líderes sindicales con grandes fortunas, obtenidas de formas inexplicables.

Ante esta realidad, debemos ratificar la propuesta de reformular el ejercicio del principio de rendición de cuentas dentro de los sindicatos, generando acciones que transparenten los actos y el manejo de las cuotas sindicales, donde sea a partir de la Constitución donde se reconozca este principio como un valor obligatorio en las actividades constantes de las asociaciones de trabajadores en todo el país, y no solo como un gesto gracioso a partir de la voluntad de una dirigencia, sino como parte de un principio constitucional elemental.

Con esta inclusión constitucional no se impide ni se limita el ejercicio de un derecho, por el contrario se optimizan dentro de un marco constitucional de democracia, transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo la legitimidad de los actos sindicales y la legalidad en beneficio de todos los trabajadores.

Los principios a los que se aspira contar dentro del mundo sindical deben aplicar de igual forma a los trabajadores al servicio del Estado, como a los trabajadores regulados por el apartado A del articulo 123 Constitucional, por ello es que las modificaciones que se proponen abarcan ambos esquemas de relación laboral, pues estos principios deben ser generales, y no exclusivos o excluyentes de un ámbito de trabajo.
Así se propone que en la constitución y en las actividades de todos los sindicatos del orden nacional se incorporen tres principios orientadores fundamentales, como valores de orientación dentro de la vida y organización de estos, considerándolos en esencia a partir de su concepción de entidades de interés público:

1. Transparencia: considerando que el acceso a la información sindical no solo implica u obliga a proporcionar o exhibir documentación, sino también a difundirla en beneficio de sus agremiados, impidiendo su secrecía. Hay que puntualizar que no se considera como un sinónimo de la rendición de cuentas, sino en virtud de su complementariedad, como un principio axiológico que posibilite la apertura de información al escrutinio, análisis y valoración de los agremiados mediante su petición o difusión, y como dispositivo para tener conocimiento pleno sobre el funcionamiento y desarrollo de las actividades de su sindicato, teniendo así la posibilidad de generar criterios calificativos en relación a dicha actuación o dirección.

2. Rendición de cuentas: entendida bajo la consideración de claridad y acceso en la información relativa a la obtención, manejo y destino de los recursos, así como bienes que obtiene el sindicato para el desarrollo de sus actividades ordinarias, que a su vez integran el patrimonio de esa organización de trabajadores. Este principio de orientación parte de la intención de contar con elementos centrales dentro de la representación de intereses que ostenta el sindicato, y paralelamente como herramienta para garantizar la honestidad y eficacia en el manejo de su patrimonio.

3. Democracia: como un principio de libertad dentro del sindicato, con una dimensión individual es decir a partir de la participación de cada trabajador, y con una dimensión colectiva, teniendo así una relevancia para toda la sociedad, dando paso a mecanismos que posibiliten la manifestación y decisión en todos aquellos actos que impliquen una afectación en la esfera jurídica, derivada de ese vínculo gremial, teniendo trabajadores participativos, informados y al mismo tiempo responsables de esas decisiones colectivas.

De esta manera, se propone en esta reforma que la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas sean principios funcionales dentro de un estado constitucional de derecho, y bajo una idea garantista benéfica para todos los trabajadores sin importar ante quien se celebren los contratos, a que organizaciones pertenezcan o bajo que ley se rijan sus relaciones, por ello, en razón de lo expuesto y fundado presento la siguiente iniciativa que contiene el siguiente proyecto:

DECRETO

PRIMERO.- Se adicionan un párrafo a la fracción XVI y los incisos a), b) y c), del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 123. …

A. …

I. a XV. …

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc., los cuales deberán constituirse bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical, considerando:

a) Transparencia como máxima publicidad, acceso y conocimiento de todas sus actividades en beneficio de sus integrantes.

b) Rendición de cuentas respecto del origen, manejo y destino de los recursos y bienes de manera periódica, así como cuando se solicite.

c) Democracia como una forma permanente de funcionamiento y organización, así como para la elección de su directiva a través del voto libre, secreto, directo o indirecto y de todos aquellos actos que impliquen la creación, modificación, extinción o cualquier afectación jurídica de sus derechos.

La Ley reglamentaria fijará las bases para su desarrollo, así como las sanciones aplicables por el incumplimiento de estas obligaciones.

SEGUNDO.- Se modifica la fracción X del artículo 123, aparatado B, desagregándose para adicionar los incisos a), b) y c), así como un párrafo penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 123. …

B. …

I. a IX. …

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical, considerando:

a) Transparencia como máxima publicidad, acceso y conocimiento de todas sus actividades en beneficio de sus integrantes.

b) Rendición de cuentas respecto del origen, manejo y destino de los recursos y bienes de manera periódica, así como cuando se solicite.

c) Democracia como una forma permanente de funcionamiento y organización, así como para la elección de su directiva a través del voto libre, secreto, directo o indirecto y de todos aquellos actos que impliquen la creación, modificación, extinción o cualquier afectación jurídica de sus derechos.

La Ley reglamentaria fijará las bases para su desarrollo, así como las sanciones aplicables por el incumplimiento de estas obligaciones..

Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;

T R A N S I T O R I O S

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes reglamentarias en un plazo no mayor de 120 días a efecto de hacer efectivo el presente decreto.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Cuarto.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Sen. Dolores Padierna Luna

Sen. Victor Manuel Camacho Solís

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros

Sen. Angélica De la Peña Gómez

Sen. Mario Delgado Carrillo

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez

Sen. Adán Augusto López Hernández

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza

Sen. Raúl Morón Orozco

Sen. Luz María Beristain Navarrete

Sen. Isidro Pedraza Chávez

Sen. Sofío Ramírez Hernández

Sen. Armando Ríos Piter

Sen. Zoé Robledo Aburto

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya

Sen. Adolfo Romero Lainas

Sen. Rabindranath Salazar Solorio

Sen. Luís Sánchez Jiménez

Acerca de 

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializada en Maestría en Medios, Comunicación y Cultura.

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