Derechos plenos para menores

Derechos plenos para menores

Durante estos días estaremos discutiendo en el Senado de la República la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal, con la cual se busca la expedición de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
De manera excepcional y dada la importancia que entraña este tema, dicha iniciativa fue turnada a seis comisiones legislativas, las cuales iniciaron un proceso de deliberación en el que incluyeron las voces de organizaciones y expertos involucrados en la promoción y defensa de este sector fundamental de la población.

Este proceso de audiencias fue muy importante para la elaboración de la propuesta final que se ha discutido durante estos días en el Senado, ya que permitió detectar las debilidades que presentaba la propuesta del Ejecutivo, pasando de una visión proteccionista a una garantista, donde la base fundamental es el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La situación es grave, según datos de Save the Children en los últimos 4 años de 25 a 35 mil niños son reclutados por el narcotráfico; 3 millones trabajan en condiciones de explotación; alrededor de 95 mil están en situación de calle y el 60% de los niños, niñas y adolescentes del país sufren algún tipo de violencia o maltrato.

Siendo casi una tercera parte de la población, sin embargo, el problema fundamental es que no hemos reconocido que también las niñas, niños y adolescentes gozan de derechos y no son tan sólo un grupo de población que requiere de protección y tutela.

El problema fundamental es que no hemos reconocido que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos. No son sólo una estadística poblacional que requiere protección y tutela.

Esta visión ha provocado que al día de hoy nuestros infantes y adolescentes no tengan voz, que no tengan la libertad de expresar su opinión, ni los mecanismos para exigir sus derechos y las instituciones para garantizar que estas condiciones se cumplan.

Por ello, en el proyecto sometido a discusión en el Senado, se modificó prácticamente el 80% de la propuesta original de la iniciativa, dejando de lado estas prácticas asistencialistas y tutelares, con la idea de generar más una cultura de respeto que simples programas de protección a sujetos de un determinado grupo de edad.

Se requiere generar una política integral que dé garantías de derechos, un sistema de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para dar coherencia a los modelos de atención y asignación de presupuesto para este sector, y mecanismos de evaluación y rendición de cuentas públicos para que podamos conocer el avance en la implementación de estos nuevos modelos de atención.

Con esta ley no sólo cumpliremos con aquello a lo que se comprometió nuestro país desde 1998 con la adopción de la Convención por los Derechos de los Niños, sino que generaremos las condiciones para mejorar el entorno de la niñez y la juventud de México.

Senadora por el Partido de la Revolución Democrática

Acerca de 

Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (@PRDMéxico). Ciudadana comprometida con México.

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