Transparencia: el reto nacional

Transparencia: el reto nacional

Dicen que para ser profeta no basta con ser creyente, hay que ser creíble. Esta sentencia popular podría aplicarse a los organismos públicos autónomos que tienen a su cargo vigilar que se cumplan las disposiciones legales relativas a la transparencia y al acceso a la información pública en el país.

De acuerdo con el estudio de las organizaciones no gubernamentales México Infórmate y Artículo 19, cuyos resultados fueron difundidos la semana pasada, más de 80% de los 32 institutos o comisiones estatales garantes de este derecho constitucional obtuvieron calificaciones reprobatorias, al ser evaluados en los rubros relativos a transparencia y rendición de cuentas, promoción del derecho de acceso a la información y resolución de controversias.

Conforme a ese análisis, el instituto mejor evaluado fue el de Puebla, que obtuvo una calificación aprobatoria del 70.2%, y el más bajo el de San Luis Potosí, con 20.1%. En tanto que la media nacional es apenas superior a 50%.

Si ese es el nivel de cumplimiento que tienen los organismos reguladores de la transparencia, ¿qué podemos esperar entonces de los sujetos obligados? Un estudio más amplio seguro arrojaría un panorama poco alentador respecto al tratamiento de la información que generan y detentan los organismos públicos.

Si bien dicho estudio no es oficial y sus resultados podrían contrastarse con otros diversos en torno a su veracidad, al menos representa un referente al que no se puede ni debe omitir atención, pues a final de cuentas los datos que de allí derivan inciden en la opinión ciudadana sobre el estado de la transparencia y la rendición de cuentas en México.

En pleno siglo XXI la apertura de información sigue siendo incómoda para algunas autoridades, que no dudan en recurrir a prácticas dilatorias o de simulación para omitir su deber en esta materia.

Conscientes de esta problemática que, incluso, amenaza con retroceder en lo poco que se ha avanzado en ese rubro, en el Congreso de la Unión aprobamos una reforma constitucional para, entre otros aspectos, fortalecer al IFAI, dotándolo de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, con nuevas responsabilidades y atribuciones, como la revisión de las determinaciones que asuman los institutos y comisiones de los estados. Asimismo, prever que todas las constituciones de los estados contemplen la existencia de organismos autónomos para garantizar el derecho de acceso a la información.

Ese decreto se remitió el 26 de noviembre de 2013 a las legislaturas de los estados para continuar con el proceso de reforma constitucional. El 8 de enero la mayoría de congresos locales la habían validado. Por tanto, sólo queda pendiente que se emita la declaratoria correspondiente y sea promulgada por el Ejecutivo federal.

A partir de que esto suceda, el Congreso de la Unión deberá integrar el órgano superior de dirección del nuevo IFAI. Que por cierto, desde la semana anterior tiene una integrante menos debido a que la comisionada Jacqueline Peschard culminó su gestión de siete años. Si no queremos una autoridad mutilada, como sucede con el IFE, se debe agilizar la integración de este nuevo organismo.

De igual modo, debemos tener presente la expedición de la ley secundaria, cuya línea principal debe ser el fomento de una cultura de la transparencia. Esto pasa por garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y su tutela efectiva, así como asignar mayor importancia al contenido de la información, que debe ser pública por encima de los mecanismos para su obtención. Otra asignatura será reducir al máximo la discrecionalidad en el manejo de los tiempos de entrega de la información y los criterios para clasificar la reserva o confidencialidad de los datos.

Pero sin duda alguna, uno de los mayores retos será sentar las bases para que los organismos de transparencia, a nivel federal y estatal, no sólo sean simples reguladores que vigilen el cumplimiento de las leyes relativas, sino que con una visión de vanguardia asuman la responsabilidad de ser guía y ejemplo a seguir en el cumplimiento de este deber constitucional.

Acerca de 

Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (@PRDMéxico). Ciudadana comprometida con México.

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