Elecciones bajo lupa

Elecciones bajo lupa

Los procesos electorales tienen el fin —entre otros— de garantizar a las personas el derecho fundamental de elegir voluntaria y libremente a sus gobernantes. De igual manera trabajan para que la renovación del poder público se realice de manera pacífica.

Una y otra condición se vulneró, o al menos se puso en riesgo en los comicios verificados este año en 14 estados del país. Su desarrollo se dio en un marco de irregularidades y descalificaciones que cobró mayor fuerza en los últimos dos meses. Es lamentable que en algunos ámbitos no hayan participado todas las fuerzas políticas debido al entorno de inseguridad que se vive.

Las agresiones, levantones y homicidios de militantes y candidatos perfilan estos procesos como los más violentos en la historia del país. Así lo consideró el presidente de la Comisión Senatorial Especial conformada para darles seguimiento.

La jornada del domingo reportó un importante número de incidentes relacionados a compra y coacción del voto, quema de urnas y brotes de violencia. La afluencia ciudadana a las urnas fue escasa; en algunas entidades se registró una participación menor a 35% del listado nominal.

Estas elecciones reúnen, además, la circunstancia de ser las primeras que se llevan a cabo después de la sucesión presidencial que trajo un cambio de partido en el gobierno, sin que ello se traduzca en una mejoría visible del sistema democrático-electoral; en buena medida porque a la par de su realización se debaten en el plano nacional temas sensibles y estratégicos para el futuro de México, lo que genera un escenario propicio para confrontaciones y todo tipo de especulaciones.

No se puede omitir atención a estas señales de alerta. Los hechos suscitados en la mayoría de los estados que llevaron a cabo procesos electorales este año confirman la imperiosa necesidad de revisar a fondo el diseño institucional y legal con que se organizan y desarrollan las elecciones en nuestro país y, a la vez, proporcionan nuevos elementos de análisis para la reforma política. Es impensable que este modelo continúe vigente y se siga aplicando en futuras votaciones.

Si no se adoptan medidas adecuadas, la problemática será mayor y sus consecuencias, de pronóstico reservado.

Sin restar importancia a temas como el gobierno de coalición, segunda vuelta o reelección legislativa, es necesario que el debate en el Senado de la República privilegie el análisis y la adopción de medidas encaminadas a reforzar los mecanismos de control y condiciones de seguridad en que se desarrollan los comicios.

La agenda legislativa debe preferir medidas encaminadas a eliminar cualquier factor que pudiera poner en riesgo la realización de futuros procesos electorales y ubicar a la participación ciudadana como un elemento determinante para que éstos cumplan sus fines. Es imperativo asegurar al electorado un escenario pacífico para ejercer sus derechos fundamentales y que éstos sean respetados.

Mientras se toman esas definiciones, corresponderá a los tribunales electorales velar por que la elección de los representantes populares obedezca sólo a la voluntad ciudadana expresada a través del voto, por bien de las instituciones y legitimidad de los futuros representantes populares. Es una inmejorable oportunidad para que los tribunales locales justifiquen su existencia; sobre todo ahora que hay un sector que cuestiona seriamente su desempeño y ha planteado federalizar la función electoral.

Más allá de que algunos especialistas hayan manifestado que un cambio de esa naturaleza es contrario al régimen federal y, por tanto, inviable; la mejor defensa ante estos señalamientos será la propia actuación de las autoridades locales. Es momento de reivindicarse.

Acerca de 

Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (@PRDMéxico). Ciudadana comprometida con México.

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