Forma y fondo en Telecom

Forma y fondo en Telecom

Una característica esencial de todo régimen democrático es que las decisiones son adoptadas por la mayoría. Pero esta potestad no es absoluta y omnímoda. Su ejercicio debe hacerse de manera responsable y observando ciertas reglas, tal vez la más importante sea el respeto de los derechos que asisten a las minorías.

Con el llamado paquete de reformas energéticas y con la legislación secundaria en telecomunicaciones, por mayoriteo, se aprobó un procedimiento ad hoc para precipitar la discusión, evitar la oposición de la minoría y, sobre todo, negar a la sociedad la posibilidad de ser escuchada en torno a estas importantes definiciones para la vida nacional.

En el caso de la legislación secundaria Telecom, el procedimiento seguido para su aprobación fue desastroso desde su inicio. La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal no era consecuente con el contenido de la reforma constitucional. Después, la formulación del dictamen no siguió la lógica de pluralismo y colegialidad que debe imperar en el Congreso, sino que obedeció a una posición unilateral e impositiva que terminó por entorpecer el proceso y evitar la conformación de acuerdos. Finalmente, la aprobación se dio mediante un proceso viciado, que privó a la minoría de su derecho a posicionar en lo particular sobre las deficiencias del dictamen.

A manera de justificación se dice que la aprobación se dio en esos términos, debido a la necesidad de contar con dicha legislación a la brevedad, pues cada día de retraso implicaba la pérdida de una importante cantidad de recursos económicos.

Sin embargo, una cosa es la celeridad y otra muy diferente la precipitación. Los tiempos pudieran acortarse como fuera necesario, pero respetando las reglas legislativas, agotando la fase de construcción de acuerdos, mediante un debate abierto a la sociedad. Por esas circunstancias, me pronuncié en contra del dictamen atinente, tanto por las formas seguidas para su aprobación, pero además por considerar que su contenido no correspondía en sustancia a la reforma constitucional.

Más allá del debate sobre presuntos favorecimientos a un operador u otro, la realidad es que con esta ley no se garantizan plenamente los derechos fundamentales, ni prerrogativas de las audiencias y de los usuarios de servicios, que fue uno de los objetivos de la reforma constitucional. Para ser claros, con esta ley no se garantiza que en el corto plazo ciudadanas y ciudadanos dejen de padecer la prestación de servicios deficientes y caros.

Tampoco que reciban una mejor oferta en programas de radio y TV. Particularmente que niños, jóvenes y adolescentes tengan acceso a programación adecuada a las necesidades de su edad y se respeten las clasificaciones. No contiene criterios para que telecomunicaciones y radiodifusión sean accesibles a personas con discapacidad, considerando diversas modalidades, lo cual representa una deuda con este sector de la población.

Para cuando esta colaboración vea la luz, el Senado habrá aprobado el decreto respectivo y turnado la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales respectivos. Si no se corrigen aspectos como los señalados, la modificación constitucional aprobada en 2013 habrá sido un ejercicio vano y el pretendido control en las telecomunicaciones y la radiodifusión sólo será una ilusión.

Acerca de 

Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (@PRDMéxico). Ciudadana comprometida con México.

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