Nuestra ciudad, a la cabeza en derechos

Nuestra ciudad, a la cabeza en derechos

México es una país de grandes contrastes, no sólo geográficos o económicos, hay temas que radicalizan las posiciones de la sociedad, como la interrupción del embarazo.

En el Distrito Federal este asunto está sujeto en los márgenes del respeto y del derecho, pero en otras entidades de la República son cuestiones de fe y de moral.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el tema vuelve al debate, porque los estados de Baja California y San Luis Potosí hicieron reformas a sus constituciones e incorporaron el derecho a la vida desde la concepción, con lo cual se penaliza el aborto, se criminaliza a las mujeres que toman decisiones sobre su cuerpo.

Con el inicio de la semana comenzaron las sesiones en la Suprema Corte para analizar el proyecto de dictamen que sobre el caso presentó el ministro Fernando Franco González Salas, quien ha sido sujeto de todo tipo de críticas y cuestionamientos por proponer a sus pares la invalidez de las reformas.

Prudencia y tolerancia pidió el ministro Franco González al inicio de su intervención en la Corte en un debate que el mismo calificó como trascendente y polarizante. Porque desde que se conoció públicamente el proyecto de este integrante de la SCJN no han cesado las críticas y las descalificaciones.

Las críticas han variado en tonos y tipos desde acusaciones de genocida, hasta manifestaciones a favor de la vida. El propio Franco se refirió a la forma en que se descalifica, ofende y denigra, una forma de pensar diferente.

Sin embargo cada vez que se toca este tema en particular, hay un despertar de las posiciones más conservadoras, no se permiten analizar los cambios que tiene la sociedad y el país. Asumir posiciones dogmáticas no ayuda a nadie y se debe de partir que las mujeres no abortan por gusto.

En el Distrito Federal legislar para permitir la interrupción legal del embarazo era aceptar una realidad y analizar la situación bajo dos ópticas: una cuestión de salud y el reconocimiento de los derechos.

En el país los abortos mal practicados son la quinta causa de mortandad femenina, eso obliga a tomar medidas, permitir que las mujeres puedan interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación y ofrecer la atención por parte del sector, saca de la clandestinidad una realidad y vela por la seguridad de las mujeres.

Desde que el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa asumieron esta posición, una sombra de conservadurismo recorrió el país y 18 Congresos locales hicieron las reformas legales para penalizar el aborto, sometiendo a sanciones desmedidas a las mujeres que por accidente o por decisión interrumpieran su embarazo.

Todos recordamos los casos recientes, que llegaron al absurdo de mujeres que ni siquiera sabían que tuvieron un aborto involuntario en Guanajuato y estaban presas por homicidio en razón de parentesco. Los legisladores locales cayeron en la tentación de criminalizar a las mujeres por un aborto, sin atender los problemas que generan este tipo de decisiones y desconociendo en absoluto los derechos sexuales y reproductivos de cada mujer.

Partidos, gobiernos, políticos prefieren seguir simulando cuando se trata de respetar y defender los derechos de las mujeres, guardan silencios cómplices ante los abusos y prefieren mirar hacia otro lado cuando las mujeres los encaran.

Pero frente a la actitud grosera que ha enfrentado el ministro Fernando Franco, está la otra cara de la moneda, el respaldo decidido y el reconocimiento de grupo feministas, legisladoras y legisladores con nombre y apellido, gobernantes que respaldan la congruencia de su proyecto.

Son los gobiernos de mayoría priísta y panista los que impulsaron y aprobaron las reformas para penalizar el aborto, para perseguir a mujeres que toman decisiones, porque para ellos decidir es un delito, no un derecho.

En este primer día de reedición del debate sobre el aborto, se volvió a retomar dogma de cuándo inicia la vida, pero hay ministros más cercanos a la realidad que hicieron hincapié de que el debate de fondo es que los Congresos locales no pueden legislar sobre preceptos y derechos que por definición están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Porque las garantías individuales se pueden ampliar en las Constituciones locales, pero esta facultad no puede confundirse como la modificación de la garantía misma, explicó un ministro.

Este debate a penas empieza en la Corte, se requiere que ocho de los 11 integrantes del pleno de la Corte respalden el proyecto y así se declare la inconstitucionalidad de la reforma.

El Distrito Federal sede de los poderes federales y entidad gobernada por un partido político de izquierda es importante este debate por el impacto que puede tener; nosotros sostendremos nuestra posición a favor del respeto, la tolerancia y la libertad. Pugnaremos en todo momento porque los problemas de salud pública se atiendan con ese enfoque y que las mujeres ejerzan con plenitud sus derechos.

Columna en El Universal

Acerca de 

Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (@PRDMéxico). Ciudadana comprometida con México.

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