Paranoia y razón en actos anticipados de campaña

Paranoia y razón en actos anticipados de campaña

La disparidad de criterios en las leyes electorales, tanto locales como federal, lejos de controlar la inequidad o las precampañas veladas ha causado una especie de paranoia en el Instituto Federal Electoral (IFE) y los órganos electorales estatales, a grado tal que han acabado por inhibir derechos fundamentales.

Uno de ellos, que es vital, es la libertad de expresión, pero también el que tiene todo gobernante de mantener una rendición de cuentas ante sus gobernados; en otros se ha mostrado una total flexibilidad. La falta de un criterio definido, sin tantos recovecos, pone en aprietos a más de uno.

Derivado de la reforma Constitucional electoral de 2007, un aspecto en el que se puso especial interés, a nivel federal y local, fue el normar diversos aspectos para inhibir las precampañas veladas en que incurrieron diversos actores políticos.

Sin embargo, a la luz de los hechos, me parece que los objetivos buscados no se alcanzaron.
En los pasados comicios en la ciudad de México, el número de quejas que tocó sustanciar a la autoridad electoral local fueron por su número muy considerables, y después de revisar expedientes las autoridades encargadas del IEDF detectaron la vaguedad tanto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como del Código Electoral del Distrito Federal.

Esta situación provocó que muchos asuntos llegaran a la instancia federal y local, peor aún, cualquier barda o manifestación que incluyera el nombre del legislador, servidor público o ciudadano dio lugar a un procedimiento sancionador.

Lo paradójico es que de esta escrupulosa vigilancia se dejan fuera las acciones de gobernadores que, por su estrecha relación con las televisoras, realizan cotidianamente campañas veladas en medios electrónicos, con el único fin de promover su imagen. En las relatadas circunstancias se puede llegar a un primer cuestionamiento: ¿La vaguedad de la norma a la que hacíamos referencia da lugar a un marco tan flexible que la autoridad electoral puede usarla arbitrariamente? Pienso que sí y lo ejemplifico en las siguientes líneas.

Peor aún, considero que de no tomar cartas en el asunto podemos, por un lado, tocar fibras sensibles de nuestra organización democrática y, por el otro, dar lugar a una terrible inequidad en los procesos electorales.

Podemos tocar fibras sensibles porque un cuestionamiento que se nos hace es que nunca regresamos a nuestros territorios a cumplir las promesas de campaña, que no informamos de nuestras acciones, que dejamos de preocuparnos de las problemáticas de la gente. En suma, que nos olvidamos de nuestro electorado. Pero a la vez, como representantes populares también nos preguntamos ¿Hasta dónde puedo establecer canales de comunicación con la gente para atender sus demandas sin que ello implique el inicio de un procedimiento por parte de la autoridad?

En cuanto a la inequidad de no establecer o definir con claridad qué elementos dan lugar al acto anticipado, trátese de quien se trate, en los hechos se traducen en desventajas, ya que en los medios electrónicos a través de publirreportajes, notas reiteradas o inclusive en programas de gran audiencia, se utilizan los pretextos más torpes para promocionar candidatos (ejemplo: finales del fútbol soccer) con lo que el gran elector no es el ciudadano sino los propios medios electrónicos.

Tengo claro que la línea entre lo que puede constituirse en un acto anticipado de otro que no lo es resulta muy tenue. Por ello me di a la tarea de ver las interpretaciones que tiene la máxima autoridad electoral del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de poder normar este tema de la mejor manera en el DF, y claro dentro de nuestro marco de competencia.

Encontré claroscuros. Por un lado, dentro de los claros la Sala Superior estableció en noviembre de 2008 una jurisprudencia en la que el IFE, previo al inicio de cualquier procedimiento sancionador, debe distinguir entre los tipos de propaganda, pues en su consideración es distinta la propaganda política de aquella que tiene un cariz electoral. Es decir, todos los legisladores tenemos el derecho de comunicarnos con nuestro electorado para informarles acerca de nuestras consideraciones políticas, de la forma en cómo se conduce el país y atento a lo que establece nuestra Ley Fundamental no podemos ser reconvenidos por ello, lo que sin duda resulta trascendente para evitar paranoias de las autoridades electorales.

Sin embargo, en lo que se refiere a las campañas veladas en medios electrónicos que distinguimos todos -menos los que integran las autoridades electorales federales- hay en realidad pocos criterios que vayan a fondo; mi percepción es que tanto el IFE como el TRIFE han sido muy cuidadosos en sentar un precedente, con lo que las posibilidades de disminuir la incidencia en este tipo de conductas será complejo cuando menos de aquí a cuando comiencen las precampañas hacia el 2012, momento en el cual existirá ya inequidad.

Acerca de 

Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (@PRDMéxico). Ciudadana comprometida con México.

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