Por una reforma electoral de fondo

Por una reforma electoral de fondo

El año 1996 fue el punto de inflexión en la forma de organizar elecciones en nuestro país. En un ejercicio inédito, por consenso de las fuerzas políticas y del gobierno federal se logró construir un marco constitucional y legal que sentó las bases, reglas y principios conforme a los que, hasta el día de hoy, se convocan y desarrollan los comicios federales y locales.

Ésa fue la última reforma integral y estructural del régimen electoral. Si bien con posterioridad hubo otras enmiendas, sólo atendieron aspectos específicos como el cambio de régimen de distribución de espacios en radio y televisión para los partidos políticos en el año 2007.

Después de 17 años, con 3 comicios presidenciales y varias renovaciones del Congreso de la Unión a cuestas, ese sistema electoral ha mostrado tener aspectos positivos, pero también acusa signos de desgaste que no se pueden ignorar.

Los resultados de las elecciones presidenciales de 2006 y de 2012 fueron cuestionados por un amplio sector del electorado. La práctica cotidiana muestra que las elecciones se han judicializado, ya que cada vez más los asuntos son resueltos por los tribunales.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) cuyos resultados se presentaron en abril de este año, la mitad de ciudadanos tienen regular, poca o nada de confianza a la autoridad electoral. Esta circunstancia no sólo afecta la eficacia y eficiencia del sistema electoral, sino que eventualmente trasciende a la legitimad de quienes son electos.

Es impostergable revisar el esquema vigente con una visión integral. La necesidad de una nueva reforma política electoral se ve correspondida con manifestaciones de voluntad de los actores políticos, como lo muestran las propuestas presentadas tanto al Congreso de la Unión y como al Consejo Rector del Pacto por México.

Con independencia de la ruta que han seguido una y otra propuestas, la esencia coincide en afianzar los mecanismos para acceder a los cargos de representación popular y optimizar el ejercicio de la función pública, a través de un nuevo diseño constitucional y legal.

Se han puesto sobre la mesa temas de gran trascendencia como la segunda vuelta electoral, la reelección legislativa, la ley de partidos, el nuevo modelo de financiamiento público y fiscalización, el cambio en las relaciones Ejecutivo-Legislativo y la reforma política del Distrito Federal, que ha sido impulsada desde la ALDF en beneficio de los habitantes de la capital.

El resultado de este ejercicio no sólo modificará el marco para la próxima elección del Congreso y la siguiente sucesión presidencial; marcará el derrotero del sistema electoral conforme al que se elijan los proyectos políticos y de gobierno para nuestro país en el siglo XXI.

Acerca de 

Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (@PRDMéxico). Ciudadana comprometida con México.

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