Reforma aceptable pero insuficiente

Reforma aceptable pero insuficiente

En últimos días el gobierno federal dio muestras de tener prisa por concretar la propuesta de reforma constitucional en materia energética que envió al Congreso. Cualquiera que sea la razón que se argumente para esa premura, ninguna justifica que se alteren los plazos y formalidades que rigen el trabajo legislativo, menos cuando lo que está en juego es una enmienda a la Constitución.

Entre los efectos colaterales de este acelere legislativo se encuentra la aprobación de una reforma político-electoral que sirvió como moneda de cambio para que el PAN apoye los fines enunciados. Si bien reconocemos que dicha reforma tiene aspectos positivos, también presenta deficiencias, insuficiencias y retrocesos.

No sería posible, en este espacio, abordar todos los aspectos cuestionables, pero hay algunos que vale la pena destacar. Por ejemplo, en lo relativo a la conformación del Instituto Nacional Electoral (INE) quedaron aspectos indefinidos que, por una cuestión lógica, merecían ser atendidos al menos de manera transitoria.

Por ejemplo, el tratamiento que se dará a los procedimientos administrativos que están en curso y los que se generen en la etapa de transición en que se creará el INE, los cuales por obvias razones no podrán ser concluidos por las actuales autoridades electorales federales o locales. Algunos de los cuales no son menores, como la redistritación electoral que está en su fase final.

Un aspecto del debate legislativo que merece especial atención es el tratamiento que mereció la igualdad de género. Al final se asumió sentar bases a nivel constitucional para darle asidero en el sistema jurídico nacional, pero con reticencias. En un primer momento, y de manera desdeñosa, se pensaba remitir el tema a la legislación secundaria, como si fuera un aspecto menor, cosa que desde luego no podíamos consentir, y por ello en el pleno modificamos el dictamen relativo.

Después, su inclusión en el texto constitucional se hizo con una visión limitada. Si bien se aprobó un reparto igualitario, es decir 50% de candidaturas para uno y otro sexo, nuevamente se limitó a la conformación de ciertos organismos públicos, como los Congresos federal y estatales, así como a las autoridades municipales.

Ni por asomo se contempló ese mecanismo de participación igualitaria en la integración de las instancias de decisión de los poderes Ejecutivo y Judicial, pese a existir una iniciativa formal que lo propone. Con ello quedó claro que este país no está preparado para responder a las exigencias de las sociedades modernas.

Inclusive la reforma significó un retroceso, ya que algunas entidades habían tenido avances notables al contemplar la integración de autoridades electorales con una perspectiva de género. Por ejemplo, en el IEDF se tiene una previsión de esa naturaleza y actualmente su Consejo General se integra por cuatro mujeres y tres hombres. Lamentablemente, quedará como una buena experiencia no recogida a nivel federal.

Por estos y otros motivos no consideramos que esta reforma sea la más trascendente de los últimos tiempos. Es pretencioso calificar sus méritos y alcances sólo a partir de su acto de aprobación; más cuando las medidas asumidas sólo se refieren a aspectos orgánicos, procedimentales y operativos de los comicios. La única forma de medir la eficacia de los cambios introducidos al esquema electoral será cuando se apliquen en los próximos comicios, federales y locales. Allí veremos si el remedio fue el adecuado y contribuye a reencauzar la elección de representantes populares a los principios de legalidad y equidad, entre otros.

Acerca de 

Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (@PRDMéxico). Ciudadana comprometida con México.

Comentar