Reforma laboral encubierta

Reforma laboral encubierta

Durante más de una década hemos tratado de concluir la Reforma Política del Distrito Federal que inició en la década de los ochentas y que es innegable los beneficios que ha representado para nuestra ciudad y sus habitantes.

La elección democrática de sus gobernantes representó uno de los pilares fundamentales para el diseño de lo que hoy es el Distrito Federal, sin duda, la entidad con mayores libertades, derechos y visión social de todo el país.

Desde la capital de la República se diseñó el más amplio programa de protección social de América Latina, mismo que se ha empezado a replicar en otras partes del país. Tal es el caso de los apoyos a los adultos mayores, las becas a estudiantes, madres solteras, seguro de desempleo, entre otros.

La culminación de esta reforma contempla que los capitalinos podamos diseñar y aprobar nuestra propia Constitución. Si consideramos a este instrumento como la suma de valores que identificarán a una sociedad de una ciudad que se caracteriza por la pluralidad de ideas, el contar con nuestra Carta Magna resulta indispensable para consolidar nuestra identidad como capitalinos.

Durante todo este tiempo de negociación de la Reforma Política, poco ha valido el consenso y los acuerdos que se han generado por las propias fuerzas políticas como el generado en el 2011, cuando desde la Asamblea Legislativa se elaboró un proyecto de reforma con el respaldo de todos los partidos, de todos los órganos de gobierno y las delegaciones, lo que careció de la voluntad de los legisladores federales para aprobarla.

Otras veces, la Reforma Política del Distrito Federal se ha intentado otorgar a cambio de la aprobación de otras leyes o como moneda de cambio para permitir modificaciones legislativas contrarias a los intereses ciudadanos y es por eso que al día de hoy sigue sin aprobarse este instrumento.

Sin embargo, hoy pareciera que la Reforma está muy cerca de concretarse. En diciembre pasado, en los últimos días del periodo ordinario de sesiones del Senado, se presentó un dictamen que de manera apresurada se aprobó por las comisiones y se subió al Pleno a primera lectura sin aún tener concluidas las redacciones de diversos artículos.

Pero ahora, que al parecer se retomará por el Pleno, en la última versión que circula se integró una modificación al artículo 123 Constitucional, que no guarda ninguna relación con la reforma política del Distrito Federal, pero que impactaría de manera negativa al sindicalismo mexicano.

Con esta modificación, todo los órganos autónomos y los organismos descentralizados del país, pasarían a formar parte del Apartado B del artículo 123 Constitucional, asumiéndolos como trabajadores al servicio del Estado, cancelado con este simple hecho todos los derechos y conquista laborales que han logrado a través  de las negociaciones de sus contratos colectivos.

De igual forma, los trabajadores perderían la libertad gremial porque tendrían que sumarse a los sindicatos del Estado, así como perderían la negociación colectiva sometiéndose a las condiciones generales de trabajo que fije la propia institución en que labora, y perderían por completo el derecho de huelga.

Con esta modificación de tipo laboral están en riesgo los derechos adquiridos por trabajadores de organismos autónomos (actualmente 10), como los institutos Federal de Acceso a la Información (Ifai), el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Entre los miles de trabajadores y sindicatos que verían modificado el régimen laboral actual son los que pertenecen al Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Cuerpo de Bomberos, la Red de Transporte de Pasajeros, el Instituto de Educación Media Superior, entre muchos otros.

Las implicaciones de esta reforma significan un retroceso y un brutal golpe para los trabajadores. La intención de esta reforma es evidente: controlar al sector sindical independiente. Resulta por demás revelador que sean estos los sindicatos que mayores movilizaciones generan y más participación social tenga.

Nuestro deber como legisladores es evitar que la falta de transparencia deslegitime los esfuerzos que por años hemos llevado a cabo para lograr tener nuestra propia constitución. Modificaciones como estas no pueden estar sujetas a la reforma política del Distrito Federal. Los derechos no se negocian, se exigen, por ello seguiremos apelando que nuestra reforma sea independiente de cualquier otro interés.

Columna publicada en:

El Universal

 

Acerca de 

Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (@PRDMéxico). Ciudadana comprometida con México.

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