Rendición de cuentas

Rendición de cuentas

A menos de tres meses de promulgada la legislación secundaria en materia político-electoral, queda claro que el PRI no tiene disposición de acatar las nuevas reglas de competencia comicial y que no contribuirá a la eficacia del nuevo modelo democrático.

En la semana que concluye se dio a conocer una grabación que vincula al PRI con el uso de recursos provenientes de Pemex para financiar campañas en las elecciones del año entrante.

Tal proceder además de violentar los principios y bases plasmados en la reforma político-electoral, contraria el discurso que acompañó su promulgación por parte del Ejecutivo federal, en el sentido de velar por el afianzamiento de nuestro régimen democrático.

Este presunto desvío de recursos de Petróleos Mexicanos evidencia la falacia argumentativa que sirvió para justificar la reforma energética y su reglamentación secundaria. De manera enfática se negaron actos de corrupción y que el partido en el gobierno se beneficiara de dicha paraestatal. Hoy vemos que es lo contrario y no es la primera vez que ocurre.

Debe recordarse que en el año 2002 el entonces Instituto Federal Electoral acreditó que dicho instituto político recibió financiamiento ilícito de esa paraestatal para la campaña presidencial de su candidato, Francisco Labastida Ochoa, por un monto de al menos 500 millones de pesos. Lo que le valió la imposición de una multa de mil millones de pesos.

Por su trascendencia para el régimen democrático del país este asunto no puede obviarse sólo a partir de un deslinde unilateral. Por ende, es insuficiente la exclusión expresada por el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y la simple presentación de una denuncia penal.

En abono de su propia credibilidad y legitimidad, la autoridad electoral debe realizar una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades que procedan y sancionar a los involucrados. Veremos si el Instituto Nacional Electoral está a la altura de las circunstancias y actúa de manera decidida como su antecesor.

Mientras eso sucede, desde el Congreso de la Unión insistiremos en el establecimiento de mecanismos legales y administrativos para transparentar de manera plena el ejercicio de los recursos públicos, tanto en su monto como en el destino que se le da. Incluso, podría conformarse una comisión que atienda y dé seguimiento a este tipo de asuntos.

En la agenda de la izquierda para el siguiente periodo de sesiones, se contempla concretar la aprobación de la ley anticorrupción a fin de atender un reclamo legítimo de la sociedad.

Debemos evitar que la discrecionalidad y opacidad con que algunas instituciones administran los recursos influya en la equidad de los comicios y altere la voluntad popular.

Por ello, hay que apostar a la transparencia presupuestal y al uso eficiente del erario como mecanismos que contribuyan al afianzamiento de nuestro régimen democrático, pero sobre todo a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y el servicio público en general.

Senadora por el PRD

Acerca de 

Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (@PRDMéxico). Ciudadana comprometida con México.

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