El embarazo: segunda causa de despido laboral

El embarazo: segunda causa de despido laboral

La Senadora de la República Alejandra Barrales Magdaleno, externó preocupación debido a que en pleno siglo XXI persisten prácticas discriminatorias que limitan las oportunidades de desarrollo de las mujeres, entre otros aspectos, en el laboral, por lo que anunció que impulsará diversas acciones legislativas, desde solicitar informes y exhortar a las autoridades federales y locales, para que en el ejercicio de sus funciones procuren el respeto, promoción y efectiva tutela de los derechos laborales de las mujeres que han sido afectadas por estas prácticas discriminatorias.

La secretaria de la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta señaló que también solicitará que se les resarza de cualquier merma en las condiciones de trabajo y se les repare económicamente por los daños y perjuicios que, en su caso, hayan sufrido.

Barrales destacó que cada vez son más las mujeres que en nuestro país se incorporan al mercado laboral, pero en muchos casos lo hacen en condiciones desfavorables o desventajosas. Enfatizó que pese a existir prohibición constitucional, subsisten condiciones de trabajo y tratos diferenciados entre géneros, incluso, respecto de los salarios, que suelen ser desiguales entre mujeres y hombres.

La Senadora del PRD indicó que un dato alarmante es que en nuestro país muchas empresas consideran que el embarazo es impedimento para acceder a un empleo digno, una limitación para obtener un ascenso o, en el peor de los casos, una causal de despido.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, se desprende que entre las causas de discriminación laboral en contra de las mujeres, el despido por situación de embarazo ocupa el segundo lugar. Entre 2011 y 2012 el número de denuncias por este motivo pasó de 55 a 90. Y el escenario que se plantea para 2013 no es mejor, tan sólo en el primer trimestre se habían promovido 22 quejas relacionadas a este tipo de discriminación.

Indicó que debido la falta de información oficial que desglose el número de casos por entidad federativa, sólo se puede presumir que en el Distrito Federal se concentra el mayor número de denuncias.

De acuerdo con datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en esta Ciudad, el número de casos por discriminación laboral contra mujeres embarazadas se incrementó considerablemente. En el primer trimestre de este año se habían registrado el 3.7% del total casos y para el segundo la cifra fue de 21%, lo que motivó la emisión de la Opinión Jurídica COPRED/Q/02-2013 respecto de 26 casos de mujeres despedidas injustificadamente de su fuente laboral por estar embarazadas.

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal, entre enero y agosto del año en curso, recibió 132 denuncias por mujeres despedidas por causa de embarazo, según dio a conocer su titular.

La legisladora del PRD señaló que si bien las autoridades federales y locales encargadas de prevenir y erradicar la discriminación han cumplido su función de la mejor manera y debe reconocerse su labor; las determinaciones de esas autoridades son insuficientes para erradicar este mal social y sobre todo para resarcir a las afectadas. Por ello, consideró impostergable asumir medidas de tutela efectiva de los derechos fundamentales de éstas, atendiendo a nuestro marco constitucional, así como a los instrumentos internacionales de que México es parte.

La Senadora refirió que debido a que tanto empresas extranjeras y nacionales, así como instituciones públicas y privadas han incurrido en esas reprobables prácticas; será necesario promover, además, una enmienda legal para, en primer término, establecer incentivos a los titulares de las fuentes de trabajo que además de tener como política laboral condiciones igualitarias entre géneros; fomenten y garanticen el respeto a los derechos de las mujeres trabajadoras atendiendo a sus propias condiciones y necesidades físicas, como en el supuesto de embarazo.

La también integrante del Pacto por México señaló que si pese a ello, persisten esas prácticas será necesario recurrir al establecimiento de sanciones, tanto para la empresa que las cometa como para las personas físicas que las asuman e instrumenten.

Barrales se dijo confiada que este tipo de medidas contarán con el apoyo de legisladores y legisladoras de los diversos grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, pues en la agenda de la actual legislatura está inscrita la continuidad de las acciones tendentes a afianzar la igualdad de género, tanto en la legislación como en las políticas públicas.

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