Las acciones positivas deben atender las diferencias entre géneros

Las acciones positivas deben atender las diferencias entre géneros

En el Distrito Federal 5 de cada 10 mujeres padecen obesidad y sobrepeso. Este dato, por sí mismo, no debería motivar mayor reflexión si no fuera porque vivimos en una sociedad en la que persiste disparidad entre géneros.

A finales de julio de este año se dio a conocer una noticia nada alentadora. Según la FAO por primera vez en la historia México alcanzó el primer lugar en obesidad a nivel mundial. Según cifras de esa organización, una tercera parte de los adultos mexicanos son obesos y casi el 70% de la población total tiene sobrepeso.

Estos porcentajes si bien resultan alarmantes, tampoco deben extrañarnos pues son fiel reflejo de lo que se ha dejado de hacer. Los programas de gobierno de los últimos sexenios pocas acciones y recursos han destinado al sector salud. La anterior administración enfocó sus esfuerzos y buena cantidad de recursos económicos al malogrado combate del crimen organizado, con los resultados conocidos por todos. Naturalmente, las funciones de seguridad pública son de la mayor importancia para cualquier Estado, pero la atención de ese rubro no debe tener como consecuencia el abandono de otras responsabilidades gubernamentales, como por ejemplo la salud.

La obesidad es una enfermedad de origen multifactorial, en la que inciden aspectos socioeconómicos, como la disparidad en los ingresos, incremento en el costo de alimentos, malos hábitos alimenticios, falta de espacios públicos y recreativos, un estilo de vida sin actividad física, entre otros; pero también influye la ausencia de políticas públicas de carácter preventivo y correctivo.

No sólo se trata de un problema estético o que afecte de manera exclusiva a quien lo padece, es causa de otras enfermedades como hipertensión, insuficiencia renal, diabetes y enfermedades hepáticas. Por ende, sería un error no considerarlo como un problema de salud pública, que eventualmente tendrá repercusiones en el sistema productivo y la economía del país, de ahí que merezca la mayor atención.

Hace unos días al presentar el Foro Mitos y Realidades de la Obesidad y otros Trastornos de la Conducta Alimentaria, el Secretario de Salud del Distrito Federal, Doctor Armando Ahued, expresó que 5 de cada 10 mujeres padecen obesidad y sobrepeso. Este dato, por sí mismo, no debería motivar mayor reflexión si no fuera porque vivimos en una sociedad en la que persiste disparidad entre géneros.

En nuestro país, las políticas públicas y programas de gobierno no incluyen por obligación constitucional o legal, medidas de acción afirmativa, como podría ser la perspectiva de género. De ahí que la inclusión de medidas para terminar con esa discrepancia, en el mayor de los casos obedece a una coyuntura o depende de actos de buena voluntad de los gobernantes.

En ese sentido, es de reconocerse el esfuerzo de otros países en los que, pasando del dicho al hecho y superando reticencias de todo tipo, se elevó a nivel constitucional la transversalización del género en las políticas públicas.

Un caso ejemplar es el de Ecuador, que al expedir un nuevo ordenamiento constitucional en 2008 previo de forma expresa en el artículo 70 la obligación del Estado de formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la incorporación del enfoque de género en los planes y programas de gobierno; en el entendido de que se brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.

Ese modelo de previsión constitucional debería implantarse en México, a fin de que la consideración del género en las acciones gubernamentales sea una garantía que conlleve mejores condiciones en la vida de las mujeres y no una decisión sujeta a voluntad de los gobernantes. Así debiera establecerse en lo referente a la elaboración del Plan General de Desarrollo, al que deben sujetarse obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

Retomando el tema de la obesidad y su repercusión en el sector femenino, resulta imperioso hacer una pausa y replantear las políticas públicas en materia de salud. Dada la dimensión del problema, hoy día se deben conjugar medidas preventivas, de atención y contención, preferentemente con un enfoque de género que atienda tanto los aspectos biológicos como la influencia del medio social. Es innegable que el papel que se reserva a la mujer y el trato que se le dispensa, sobre todo en familias con un alto sentido patriarcal, suele tener repercusiones negativas en su salud.

Debe quedar claro que las acciones positivas no tienen como fin inmediato beneficiar o dar un trato privilegiado a las mujeres en detrimento de los hombres, sino atender los diferenciales entre géneros; por decir algo, considerar la morbilidad y mortandad de uno y otro, para lograr la mejor decisión.

Las políticas legislativas y acciones de gobierno por lo que hacen a este rubro, deben contemplar mayor información e impulsar una cultura de salud alimentaria y física, con la finalidad de sensibilizar a la población respecto de la obesidad y los riesgos que entraña.

Bajo esa idea el 30 de abril de este año, presenté en el Senado de la República una iniciativa de Ley General para Prevenir y Atender la Obesidad, la cual se encuentra en etapa de análisis y dictamen. Confío que en breve habrá de aprobarse con las aportaciones de mis colegas legisladoras y legisladores.

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