Impunidad en el caso Duarte

Impunidad en el caso Duarte

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 56 averiguaciones previas por el presunto desvío y desaparición de recursos federales en la administración de Javier Duarte en Veracruz, gracias a las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero, hasta ahora, ni una de ellas ha sido consignada ante un juez.

Autoridades federales confirmaron que las averiguaciones se encuentran en integración y comprenden un posible fraude al erario federal por 21 mil 76 millones de pesos.
Eso sin contar otros 35 mil millones, que no han sido comprobados y que serán objeto de más denuncias que la ASF presentará en los próximos meses.

La primera denuncia en contra de la administración de Javier Duarte ante la PGR se presentó oficialmente el 11 de noviembre de 2014 y fue por haber simulado que se reintegraron recursos federales detectados previamente como faltantes.

La última denuncia se presentó el pasado 23 de diciembre y correspondió a un posible desvío de 800 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en el ejercicio fiscal de 2014.

Todas estas averiguaciones están a cargo de la Unidad Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR sin que ninguna haya sido cerrada pero tampoco sin que alguna esté resuelta y consignada ante un juez federal.

De acuerdo con la ASF, se realizan reuniones periódicas con los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la esa Unidad Especializada para dar seguimiento a las averiguaciones presentadas y los requerimientos de información que se presenten.

Cabe señalar que se trata de denuncias de hechos en las que la auditoría aporta la evidencia de los recursos que desaparecieron o no fueron utilizados adecuadamente, pero donde es responsabilidad de la PGR determinar quiénes son los funcionarios responsables y consignarlos,

¿De dónde viene el dinero denunciado?

De los 21 mil millones que la Auditoría ya denunció penalmente ante la PGR, 16 mil 308 millones corresponden a recursos pertenecientes al denominado “gasto federalizado” entregado a Veracruz.

El gasto federalizado es dinero destinado a los denominados Ramos 28 y 33, cuya finalidad es que se canalice a programas sociales y obras que beneficien a la población.

Los otros cuatro mil 770 millones de pesos son por un concepto que los auditores denominan como “simulación de reintegros”, que consiste en que la autoridad señalada (en este caso el gobierno de Veracruz) deposita recursos que los auditores le indicaron como faltantes en las cuentas autorizadas, pero que luego vuelve a retirarlos.

El desvío de recursos que los auditores han observado y denunciado se han presentado de forma generalizada en múltiples programas: Van desde partidas destinadas para obras y programas sociales, hasta recursos que debieron usarse en programas de salud o de seguridad pública. Entre los programas afectados se encuentran, por ejemplo, el Seguro Popular y Prospera.

Fue el propio Javier Duarte quien oficializó casi desde el arranque de su gobierno el que pudieran tomarse recursos etiquetados del gobierno federal con otros fines.

Con información de Animal Político

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El equipo de Alejandra Barrales

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