Se recuperan 3 pesos por cada 1,000 desviados

Se recuperan 3 pesos por cada 1,000 desviados

Según datos de la Secretaría de la Función Pública, se recuperan apenas 3 pesos por cada 1,000 desfalcados al gobierno, alertó el experto en delitos con dinero de procedencia ilícita, Francisco de la Portilla Sordo.

“No lo digo yo, son estadísticas de la propia Secretaría de la Función Pública: por cada quebranto administrativo, se recuperan sólo 3 pesos de cada 1,000. Entonces vayámonos a ese porcentaje y ésas son las esperanzas de recuperar el desfalco de los gobernadores”.

En relación con los recursos presuntamente desviados por exgobernadores como Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Javier Duarte, de Veracruz, el fundador de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (Asplde) aseguró que “no hay gobernador que firme un contrato, ni funcionario que vaya y deposite dinero público a una cuenta a su nombre, lo cual hace muy difícil que exista una prueba directa” que los vincule, comentó tras participar en la edición número 11 de la Conferencia Anual Antilavado de Dinero y Delitos Financieros, realizada en Cancún la semana pasada.

Los montos a recuperar en el caso del exgobernador de Veracruz van desde lo estipulado en las imputaciones de la Procuraduría que ascienden a más de 35,000 millones de pesos de desvíos de partidas, tanto estatales como federales, hasta los montos estimados por el Congreso veracruzano, que en su Cuenta Pública 2015 aseveró que no se comprobaron entre el 2010 y 2016 alrededor de 14,000 millones de pesos gastados por el Ejecutivo estatal.

A inicios de la actual administración de Veracruz, encabezada por Miguel Ángel Yunes, el gobierno estatal dio cifras de recuperación de bienes muebles, inmuebles y recursos por un valor de 1,250 millones de pesos desviados en la pasada administración .

Asimismo, en el caso del exgobernador Borge Angulo, detenido en Panamá, se le acusa de dilapidar patrimonio del estado de Quintana Roo equivalente a seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún o 24 veces las dimensiones de Isla Mujeres, para beneficiar a familiares cercanos, empleados o allegados de su familia. Borge también es requerido a nivel federal por el posible delito de lavado de dinero.

Al presentar el Informe de la Cuenta Pública 2015, en febrero pasado, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, afirmó que los 216,456 millones de pesos que entre el 2011 y el 2015 fueron utilizados indebidamente en actos de corrupción por parte de los gobiernos estatales difícilmente podrían recuperarse.

El auditor Juan Manuel Portal Martínez explicó que del 2011 al 2014 sigue pendiente solventar por parte de los gobiernos estatales y municipales un monto de 146,265 millones de pesos, más los 64,716 que se detectaron de la cuenta pública 2015, y los 5,475 millones de procesos resarcitorios.

“Son observaciones que, en muchos casos, no hay forma de recuperarlas, ya se las llevaron, y aunque se pueda meter a la cárcel a alguien, ¿cómo se le quita ese dinero?”, preguntó en aquel entonces.

No obstante, el auditor aseveró que autoridades y sociedad civil deben presionar para que mediante los auditores estatales se devuelva lo más que se pueda de esos recursos.

Juan Manuel Portal también ha destacado que respecto de los beneficios financieros derivados de las auditorías practicadas, la suma del total de recuperaciones operadas de las cuentas públicas del 2001 al 2015 es de 112,440 millones de pesos.

En relación con el año pasado, la ASF presentó a principios de julio el primer informe individual de la Cuenta Pública 2016, en el que se estiman afectaciones al erario por 1,642 millones de pesos.

De la Portilla Sordo anticipó incluso que difícilmente se les podrá comprobar a los exgobernadores alguna responsabilidad en el desvío de recursos, ya que todo apuntará hacia los prestanombres. “Es decir, muy difícilmente se le podrán probar los delitos más cuantiosos por los que se le están acusando”, insistió.

Agregó que si estos personajes lograron cometer los excesos que hoy son de todos conocidos, esto se debe a que el sistema político mexicano así se lo permitió.

Con información de El Economista

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El equipo de Alejandra Barrales

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