Iniciativa sobre Derecho y Acceso a Tecnologías de la Información

Iniciativa sobre Derecho y Acceso a Tecnologías de la Información

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores
H. Congreso de la Unión.
P r e s e n t e

La suscrita Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las nuevas generaciones no podrían entender el mundo actual sin la tecnología. A partir de la última década del siglo pasado, las computadoras, los teléfonos celulares, la televisión satelital y por cable, empezaron a cambiar la forma de comunicarnos y de mantenernos informados. Tuvo que pasar casi un siglo desde la invención de la radio para volver a revolucionar el mundo de las telecomunicaciones.

Con esta revolución tecnológica el mundo se convirtió en una gran red de información y comunicación. Algunos países han sabido aprovechar estos avances para su desarrollo social, económico y cultural, mientras que en otros, como en el nuestro, no se ha utilizado a este sector como un detonante del cambio que tanto se ha retrasado para los mexicanos.

Francis Bacon a principios del siglo XVII declaraba que “la información es poder”. En la actualidad sigue siendo una realidad. Las sociedades mejor informadas son las más demandantes, las que presentan mayor desarrollo, menores índices de pobreza y desigualdad y por el contrario, en sociedades carentes de información, no existe progreso ni desarrollo.

Por ello las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) constituyen un mecanismo para desarrollar el potencial de una sociedad, de un gobierno, de un país.

El acceso universal a las TICs ofrece oportunidades infinitas para mejorar los servicios públicos relativos a la seguridad, a la salud, la educación e incluso el medio ambiente, al igual que presenta una herramienta de comunicación fundamental de la población tanto para allegarse de información como para manifestar libremente sus ideas.

El acceso a internet ha cobrado tal relevancia en los últimos años que en 2011, el informe del relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (consagrado en el artículo 6 de nuestra Constitución), los considera equiparables, por lo que la restricción a esta herramienta o el control sobre su contenido pueden implicar actos de censura y represión. [1]

El objetivo esencial de la democracia consiste en la igualdad de derechos [2], por ello el acceso a las TICs no debe ser un asunto que dependa exclusivamente de factores económicos, ya que eso aumenta la desigualdad de conocimiento, por lo que el Estado debe garantizar el derecho a la información y promover los mecanismos para acceder a ella de una forma universal.

En este sentido, consideramos que limitar la obligación del Estado a ofrecer un determinado servicio como en el caso de Internet dentro del marco Constitucional, sería tanto como reconocerlo como la única parte del espectro radioeléctrico al que el particular puede tener acceso como parte de un bien público.

La realidad debe ser la contraria. Se debe contar con las mayores herramientas ya sea del espectro radioeléctrico o de nuevas tecnologías, ya que los ciudadanos son en sí mismos el fin de la comunicación, y no el medio para generar ganancias de quienes detentan una concesión.

En las actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, celebrada en Kioto, Japón en 1994, consta la recomendación del organismo internacional a todos sus miembros a que faciliten la libre difusión de información por los servicios de telecomunicación, en virtud de “los nobles principios de la libre difusión de información y de que el derecho a la comunicación es un derecho básico de la humanidad”.

Por ello, se considera indispensable ampliar el concepto para que los particulares puedan tener acceso a estas tecnologías. Incluso dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, se establece como una meta que “en coordinación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y comunicación”.

En su reporte del 2011, la ONU indicaba que para finales del año anterior, 2 de cada 3 personas no utilizaba internet en el mundo y que la brecha de acceso entre los países desarrollados a los países en vía de desarrollo era muy amplia, con una penetración del 71% para los primeros y de 21% para los segundos.

En este sentido, nuestro país presenta aún un grave rezago. De acuerdo a los datos más recientes de la Encuesta de Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información del INEGI revelan que al mes de abril de 2012 existían 40.9 millones de usuarios de Internet en nuestro país y en el Índice de Desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el estancamiento de México es evidente, pues en 2008 ocupó el lugar 78 y en la más reciente edición de 2011 ocupó la posición 79.

Esto implica que en nuestro país aproximadamente el 70% de la población aún no cuenta con acceso a Internet, mientras que la radiodifusión tiene una penetración de más del 90% de los hogares. [3]

Por ello, cualquier reforma que se pretenda al sector de las telecomunicaciones debe partir de la garantía de acceso a estas herramientas, del deber del Estado de promover el uso y aprovechamiento de estas tecnologías y del derecho de la población a contar con información veraz y oportuna, así como de la posibilidad de transmitir cualquier información sin ninguna restricción más allá de las que actualmente prevé la propia Constitución.

No obstante las condiciones imperantes en el sector, las telecomunicaciones se mantienen como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Hasta septiembre de 2012 conformaron el 3.28% del PIB, mientras que la tasa de crecimiento de la participación del sector durante ese año fue de 11.8%; esto es casi el doble de rápido de lo que creció en 2011. Ambos porcentajes dan cuenta de un aumento en el número de usuarios de esos servicios y en un mayor flujo de tráfico y señales a través de las redes de telecomunicación.

Entre 2007 y 2012, México registró uno de los mayores montos de inversión para el desarrollo de infraestructura de las telecomunicaciones y el transporte. En poco menos de seis años se invirtieron 691 mil 203 millones de pesos, cifra superior en 53% en comparación a la del sexenio anterior.

Sólo en telecomunicaciones, la inversión acumulada de 2007 a 2012 fue de 288 mil 156 millones de pesos. Este monto satisface la proyección establecida en el Programa Nacional de Infraestructura de 2007, sin embargo, en lo que corresponde al 2012, sólo 5 mil 898 millones de pesos fueron públicos y 58 mil 458 millones de pesos fueron privados.

Como puede notarse, a pesar de ser un sector de vital importancia para la economía nacional, cuando se analiza el desagregado del rubro de telecomunicaciones notamos que la inversión es mayoritariamente privada. Esta circunstancia explica por qué el Estado se ve limitado en el control sobre el sector y confirma el dominio de los recursos y por ende, del poder de los privados sobre la infraestructura de telecomunicaciones para la radiodifusión y otros servicios como la banda ancha, o la telefonía.

Nuestro país necesita el impulso socioeconómico generado por un mayor acceso a servicios de comunicaciones eficientes, en particular a la banda ancha de alta velocidad. De acuerdo con el Estudio sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, entre 2005 y 2009, la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones equivalió al 1.8% del PIB cada año. Esto significa que lo que se está ganando en ingresos económicos por inversión, no se está traduciendo en bienestar social debido al desaprovechamiento de estas tecnologías.

México carece de una verdadera política de conectividad a internet y sus consecuentes beneficios; el 52% de los mexicanos carece de acceso a la banda ancha o tiene acceso a un solo proveedor y que la competencia de servicios se da entre los sectores más ricos del país. La propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha señalado que las localidades en el País con menos de 500 habitantes son las que carecen de infraestructura de telecomunicaciones para recibir servicios de internet. Consecuencia de esto y debido a la escasa competencia que existe en este sector los precios son extremadamente elevados para los consumidores y las empresas. Lo anterior según reporte de la OCDE [4], en el que estima que el costo para la economía mexicana por exceso en los servicios de telefonía e Internet es de alrededor de $ 25 mil millones de dólares cada año, lo que equivale a casi el 2% del PIB.

Un 7% de las localidades de entre 500 y 50 habitantes y 28% de las poblaciones con menos de 500 habitantes no cuentan con ninguna infraestructura de banda ancha. Las estrategias de banda ancha deben de ser utilizadas cómo un vehículo no sólo que permita el acceso a información más rápida sino que propicie una colaboración intersectorial para formar políticas comunes como en salud, energía, educación, que permitan la inclusión social, es decir que vayan de acuerdo a las metas nacionales.

Por tales motivos, la reforma al artículo 4º de la Constitución debe garantizar el acceso universal a las TIC, no sólo a la banda ancha, sino a las múltiples opciones que tiene la sociedad para allegarse de información, así como para expresar libremente sus opiniones.

Para ello se propone la adición de un párrafo penúltimo para quedar como a continuación se señala:

Toda persona tiene derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, que comprenden las telecomunicaciones y los radiodifundidos. El Estado promoverá que dicho acceso y la difusión de información se haga bajo principios de universalidad, diversidad, oportunidad, pluralidad, calidad, convergencia y aprovechamiento tecnológico y competencia.

Con esta reforma se busca no sólo fomentar el establecimiento de una red pública de acceso libre a internet, sino el reconocimiento del derecho de todos los mexicanos al acceso a las tecnologías disponibles para allegarse de información, ya sea a través de señales radiodifundidas, satelitales o cualquier otro adelanto tecnológico que el Estado deba fomentar y que tenga su naturaleza en la explotación de un bien propiedad de la nación.

Por lo que respecta al artículo 6 relativo a la libertad de expresión y el deber del Estado de garantizar el derecho a la información, se propone adicionar como garantía adicional que: “El ejercicio de este derecho no podrá restringirse por vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias del espectro radioeléctrico o cualquier dispositivo usado para la difusión de información.”

De esta forma estaremos garantizando plenamente tanto el derecho de acceso a la información a través de las TICs, como la libertad de expresión sin restricción por cualquier medio.

En tal virtud, someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

DECRETO

Primero.- Se adiciona un párrafo inmediato posterior al décimo primero del Artículo 4 Constitucional para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4.- …

Toda persona tiene derecho al acceso libre a las tecnologías de la información, así como a los servicios radiodifundidos. El Estado promoverá que dicho acceso y la difusión de información se haga bajo principios de universalidad, diversidad, oportunidad, pluralidad, calidad, convergencia y aprovechamiento tecnológico y competencia.

Segundo.- Se modifican el primer párrafo y se adiciona un párrafo inmediato posterior a la fracción VII del artículo 6º Constitucional para quedar como sigue:

Artículo 6.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. El ejercicio de este derecho no podrá restringirse por vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias del espectro radioeléctrico o cualquier dispositivo usado para la difusión de información.

I a VII …

El Estado garantizará el uso social del las tecnologías de la información y a los servicios de radiodifusión, promoviendo el acceso libre, equitativo e igualitario.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión tendrá 120 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para la adecuación de la normatividad secundaria con el objeto de hacer efectivas las modificaciones relativas al presente decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá considerar dentro del Plan Nacional de Desarrollo una política de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a efecto de desarrollar la infraestructura necesaria para garantizar la cobertura universal a estas tecnologías.

SUSCRIBE

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno

Senado de la República, a los 26 días de febrero de 2013.

Acerca de 

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializada en Maestría en Medios, Comunicación y Cultura.

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